El Tribunal de Cuentas rechaza investigar la ayuda a Plus Ultra
Archiva la denuncia de Ciudadanos al no ver indicios de un desvío de fondos públicos
Cuatro días después de que una juez de Madrid paralizase el pasado jueves el rescate de Plus Ultra, el Gobierno se toma un respiro en las investigaciones abiertas por la concesión de la polémica ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea el pasado marzo. El Tribunal de Cuentas ha decidido archivar la denuncia que interpuso Ciudadanos el pasado junio al no ver indicios de un posible desvío contable ni tampoco rastro de que el préstamo se concediera de forma negligente por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Y es que según el tribunal en los actos denunciados no hay «indicios jurídicamente relevantes de haber infringido ninguna norma jurídica de naturaleza contable o presupuestaria, ni de haber provocado daños o perjuicios en el erario público susceptibles de ser calificados como alcance».
El consejero Felipe García Ortiz recuerda que el escrito de la acción pública «debe identificar actuaciones (actos, omisiones o resoluciones) y vulneraciones de preceptos legales que puedan dar lugar, al menos aparentemente, a un menoscabo de fondos públicos públicos generador de responsabilidad contable».
Y aunque constata que las ayudas concedidas «implican desde luego una gestión de caudales o efectos públicos», pone de relieve que «la mera salida de unos fondos públicos del patrimonio de la administración o entidad titular de los mismos no supone por sí sola un detrimento patrimonial para las arcas públicas». Para ello hace falta, recalca, que esa salida de fondos «no esté justificada en una causa jurídica suficiente y adecuada» o que el destino dado a los mismos «no sea el previsto por las normas de aplicación».
Para el instructor de la acción pública, el hecho de que la salida de fondos efectivamente realizada hasta ahora (19 millones de euros) «se haya producido a través de un préstamo pone en cuestión la existencia de un eventual perjuicio a los fondos públicos».
De ahí que concluya que aunque la concesión del préstamo «podría dar lugar a un daño a los fondos públicos», en este momento «ese potencial perjuicio no es efectivo ni evaluable económicamente, si bien sí podría serlo en el momento en que se incumplieran las obligaciones del prestatario al vencimiento del préstamo».
El dinero concedido hasta el momento, subraya, «es un préstamo ordinario y como tal no ha originado un perjuicio económico a los fondos públicos». Por que sólo podría constatarse ese perjuicio, añade, si se demostrara que se utiliza para «finalidades distintas a las que fue concedido, por su falta de amortización en los correspondientes plazos de vencimiento o por impago de los intereses que, en su caso, se hubieran pactado». Pero estas circunstancias «sobre las que correspondería pronunciarse a esta jurisdicción contable», apunta, «no han sido objeto de la acción pública» impulsada por Cs.
Para el organismo fiscalizador la concesión del rescate tampoco reviste «siquiera indiciariamente los caracteres de una negligencia grave».
Ciudadanos denunció un supuesto «menoscabo o resultado dañoso en los fondos públicos» por haberse beneficiado Plus Ultra de una ayuda financiera «sin cumplir los requisitos exigidos para ser perceptora de dicha ayuda y como consecuencia de la actuación negligente de las autoridades responsables del examen de dichos requisitos y de aprobar la concesión de la ayuda».
Según el criterio de la formación naranja, con la polémica decisión determinados gestores públicos responsables del manejo de caudales públicos habrían ocasionado «por acción u omisión» un daño «grave» al erario público.
Argumenta que de existir un perjuicio contable éste solo se produciría si la aerolínea no devuelve el préstamo de la SEPI