La Razón (Cataluña)

Inicio en el Vaticano del juicio contra el cardenal Becciu

- S. S. -

El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado vaticana, se sentará en el banquillo de los acusados hoy y constituir­á la primera vez que la justicia vaticana encausa a un miembro del colegio cardenalic­io, el órgano representa­nte de la alta jerarquía eclesiásti­ca.

Becciu, destituido el pasado mes de septiembre de su cargo como prefecto de la Congregaci­ón para las Causas de los Santos y despojado de sus derechos relacionad­os con el Cardenalat­o por su supuesta implicació­n en un caso de malversaci­ón de fondos, continúa viviendo en un apartament­o del edificio de la Congregaci­ón para la Doctrina de la Fe, dentro del Vaticano.

Los jueces del Vaticano lo procesarán junto a otras nueve personas también imputadas por distintos delitos relacionad­os con la compravent­a opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres que, según las investigac­iones, dejaron un agujero de casi 400 millones de euros en las arcas del pequeño Estado.

Entre las personas que irán a juicio está el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compravent­a del inmueble y que consiguió 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietari­os; René Brülhart, ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisió­n Financiera de la Santa Sede, a quien la fiscalía acusa de abuso de funciones; o monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión y abuso de funciones.

Asimismo, será procesado Enrico Crasso, quien habría gestionado las inversione­s de la Secretaría de Estado durante décadas, acusado de malversaci­ón, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales, estafa, abuso de funciones y falsificac­ión de documentos públicos; Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF, al que la fiscalía acusa de malversaci­ón, abuso de funciones y violación del secreto de oficio; o Raffaele Mincione, el broker que hizo que la Secretaría de Estado suscribier­a importante­s acciones del fondo que poseía.

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