Conflictos judiciales por la reforma de Rajoy

La reforma eléctrica de 2013 fue recurrida por una gran cantidad de empreas renovables ante el Tribunal Supremo aunque quedó avalada en el año 2016 por el Tribunal Constitucional (TC), que afirmó que este cambio normativo, que redujo sustancialmente la retribución de las energías renovables, así como su retroactividad, estaba justificado por la crisis económica. También para cumplir con los compromisos con la Unión Europea de reducción del déficit en el 2014. Los jueces explicaron que «la crisis provocó una caída imprevista de demanda de energía que junto al incremento general de costes causó un aumento del déficit tarifario». El alto tribunal dictó sentencia a raíz de un recurso presentado contra esta norma por la Región de Murcia. El TC tampoco aceptó que esta reforma fuera contraria al Tratado de la Carta de Energía suscrito por España como sostuvo el recurso, el argumento en el que se basaban casi una veintena de denuncias de inversores ante el organismo de arbitraje del Banco Mundial. No obstante, los perjudicados no se quedaron de brazos cruzados. De hecho, en 2020, España había perdido en total 17 casos de arbitraje de parte de inversores afectados por el recorte de las renovables de la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que sumaban una indemnización de 1.035 millones de euros. Las reclamaciones totales superan los 10.000 millones de euros, según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. «Ha habido bastantes litigios porque seguramente se podían haber gestionado de otra manera mejor las compensaciones transitorias a los afectados», opina Pedro Mielgo en este sentido.