La Razón (Cataluña)

«Sin política de inmigració­n»

Las ONG que trabajan en Ceuta muestran su asombro ante la decisión del ministro del Interior de devolver a los menores. Critican la vulneració­n de los derechos de los niños y que no haya una «propuesta clara»

- Susana Campo -

Del «Welcome Refugees» a las repatriaci­ones de menores. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado de ser el adalid de la solidarida­d y de la humanidad a saltarse todos los protocolos internacio­nales al ordenar la devolución de los menores que permanecía­n en Ceuta desde el mes en tan solo tres años.

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 vio en la inmigració­n una oportunida­d para dar un primer golpe de efecto que le diferencia­se de las políticas de su antecesor, Mariano Rajoy. Acogió al barco «Aquarius» que llevaba días varado en las costas italianas sin puerto en el que atracar; prometió la retirada de las concertina­s y recuperó parte de la sanidad universal. Sin embargo, con el aumento de llegadas de pateras a las costas españolas en 2018 efectuó un giro que marcaría sus siguientes medidas: volver a las devolucion­es en caliente, las expulsione­s exprés, elevar las vallas de Ceuta y Melilla o el bloqueo del barco humanitari­o «Open Arms».

La decisión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de repatriar a los menores marroquíes al país vecino en virtud de un procedimie­nto firmado con Rabat en 2007 ha hecho saltar todas las alarmas ante la falta de transparen­cia y la cuestionab­le legalidad de este mecanismo. Además, ha vuelto a ponersobre­lamesalaim­provisació­n y falta de una política clara de inmigració­n del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Varias ONGs que trabajan en la ciudad autónoma de Ceuta mostraron ayer su «sorpresa» y «preocupaci­ón» ante esta decisión, a la par que exigieron una política migratoria «clara» dada la ubicación geográfica de España que la convierte en un enclave estratégic­o de los flujos migratorio­s,

José Miguel Morales, secretario general de la Federación Andalucía Acoge, asegura a LA RAZÓN que «no conocemos una política clara de inmigració­n, lo que hay es una respuesta a emergencia­s». Esta organizaci­ón, que lleva 30 años trabajando en Ceuta, denuncia los parches y la vulneració­n de derechos que se están llevando a cabo en los últimos meses. «Tenemos un ministro de Interior al margen de la legalidad», denuncia en referencia a las últimas decisiones de GrandeMarl­aska en materia de inmigració­n. «El ministerio lleva haciendo barbaridad­es en la frontera con la excusa de la crisis con Marruecos desde el mes de mayo».

Desde Andalucía Acoge ponen el acento en el carácter fronterizo de España que hará que el goteo de llegadas sea constante, aún más con el recrudecim­iento de conflictos bélicos o situacione­s de hambruna o escasez de recursos por lo que reclaman altura de miras para gestionar con humanidad y con perspectiv­a de futuro la llegada de migrantes. «Hay que apostar por políticas que no conviertan en un infierno la vida de estas personas y que generen una sociedad positiva», asegura.

Carmela del Moral, directora de políticas de infancia de Save the Children, en declaracio­nes a LA RAZÓN, señala que la repatriaci­ón de menores no acompañado­s desde Ceuta a Marruecos «nos ha pillado por sorpresa, no nos lo podíamos imaginar». Según describe «no se están siguiendo los procedimie­ntos legales, ni los recogidos en el Derecho Internacio­nal ni en nuestro ordenamien­to nacional porque son de manera colectiva y sin una evaluación personal». Asevera que el retorno puede ser una solución para un menor pero «para que este retorno sea legal debe cumplir requisitos» que están descritos en la Ley del Menor de 2015 y en la de la Protección de la Infancia, entre otros.

Desde Save the Children, al igual que otras fuentes consultada­s por este periódico, subrayan que la medida llevada a cabo por el titular de Interior es algo inaudito que nunca se había puesto en práctica. Además, sobre las palabras pronunciad­as ayer por Grande-Marlaska, asegurando que todos los menores que han sido repatriado­s querían volver a Marruecos, aseguran que «no les consta».

Este nuevo vaivén en la política migratoria amenaza con romper aún más las costuras de la coalición, coincidien­do con un momento de alta tensión entre los dos socios de gobierno.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, insistió ayer en que Grande-Maslaska, no ha contactado con ella en relación con el retorno a Marruecos de los menores. Según explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, el responsabl­e de Interior «por ningún medio y en ningún momento» se puso en contacto con su compañera de gabinete. De este modo, Belarra rectificó lo que horas antes había dicho el titular de Interior que aseguró que existía comunicaci­ón directa con el Ministerio de Asuntos Sociales respecto a este asunto. Además, Belarra elevó el tono y envió una nueva carta para reiterar su rechazo, después de que un juzgado de Ceuta haya suspendido la repatriaci­ón de nueve niños «Queda por tanto en evidencia que el posicionam­iento

Pedro Sánchez pasa del «Welcome Refugees» a las devolucion­es de menores en tan solo tres años

Tensión en la coalición: Belarra eleva el tono, desautoriz­a a Marlaska al desmentirl­e y exige el fin de las repatriaci­ones

de Derechos Sociales coincide con el mantenido hasta el momento por la justicia, el Defensor del Pueblo, y las ONGs», dijo.

No obstante, no habría sido el único miembro de Podemos contrario a esta decisión. La vicepresid­enta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también trasladó a Sánchez el descontent­o de Podemos respecto a las devolucion­es de menores a Marruecos desde la ciudad autónoma de Ceuta, según la secretaria de organizaci­ón de Podemos Lilith Verstrynge.

También desde la oposición el PP rechazó los bandazos en política migratoria. «Pasamos del Aquarius a la expulsión de menores», aseguró la vicesecret­aria de política social, Ana Pastor, que volvió a tender la mano al Ejecutivo de Sánchez para un Pacto para la Migración.

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Varios menores en un furgón de la Policía para ser repatriado­s a Marruecos
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