La Justicia rechaza las devoluciones de Marlaska
Una juez frena nueve repatriaciones tras sumarse la Fiscalía a la denuncia de una ONG
Las devoluciones de los menores de Ceuta han abierto una crisis en el seno del Gobierno de coalición, con constantes ataques de Unidas Podemos al PSOE, pero no son los únicos y la Justicia también está viviendo su propia batalla ante las numerosas denuncias o solicitud de medidas cautelares o cautelarísimas para tratar de frenarlas. De hecho, una juez de Ceuta suspendió ayer varias de las devoluciones que defiende el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hasta la ONU se ha pronunciado pidiendo la suspensión de otras diez.
Ya desde el primer día surgieron muchas voces en contra y comenzaron a interponerse las primeras denuncias y también los primeros encontronazos. De hecho, el domingo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta, María Victoria Rodríguez Caro, no pudo impedir, tras la denuncia de una ONG, la devolución de ocho niños porque ya estaban en Marruecos. Una denuncia que respaldó la Fiscalía de Menores de Ceuta, la cual trató de salir poco después al paso al paso apuntando que la orden dictada desde el Ministerio del Interior no estaba ni bien planteada ni firmada.
Pero ayer llegó otro encontronazo Justicia-Marlaska, con la decisión de otra juez de Ceuta, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, quien dictó un auto en el que ordenaba suspender la repatriación de nueve menores no acompañados. Se trata de parte de un grupo de 12 niños defendidos por la ONG Coordinadora de Barrios, la cual solicitó medidas cautelares urgentes para paralizarla, a lo que accedió la juez.
En concreto, el auto deja claro que «nuestro ordenamiento jurídico exige para la repatriación de menores extranjeros no acompañados la incoación de un expediente administrativo, en el que debe constar datos tan esenciales como los relativos a la filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen», informa Ep. Según la magistrada, en este caso «ni se ha tramitado, cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo, ni consta resolución expresa sobre sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación».
Una resolución que contrasta con la defensa que el titular de Interior realizó ayer en varias entrevistas, apuntando que existe un «estudio pormenorizado» de cada menor, a cargo de los servicios de Ceuta dedicados a la protección de los menores, y que se dan todas las garantías de que vuelven con sus familias en Marruecos, gracias a las «comunicaciones directas» entre los servicios ceutíes y las reuniones con autoridades del Reino de Marruecos. Y señaló tajante que no se trata de explulsiones, sino de «retornos asistidos». Algo que también defendió La Fiscalía General del Estado, asegurando que vigila detenidamente cada devolución y vela porque se cumpla el interés superior del menor y el cumplimiento de la ley.
Pero no piensan los mismo en el mundo jurídico y cada día son más las voces que critican lo que se está haciendo en Ceuta y la falta de transparencia. Desde el Consejo General de la Abogacía ya exigieron en los primeros días el cese «inmediato» de las repatriaciones. Y ayer, por ejemplo, la Unión Progresista de fiscales pidió que se respeten «los derechos de la infancia migrantes»
Hasta desde la ONU llegaron las críticas a las devoluciones a Marruecos. El jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Ibrahim Salama, pidió que se suspendiera la repatriación de un grupo de diez menores después de que varias organizaciones acudieran al Comité de Derechos del Niño para exigir que se paralizaran.
La ONU también pide a España que suspenda diez devoluciones hasta que se pronuncie el Comité de Derechos del Niño