Ceutistán

Varios terremotos políticos están quebrando la fiabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez lo que ha obligado al presidente socialista a dar por terminadas sus largas vacaciones en Lanzarote. Hoy acudirá a la base militar de Torrejón, a la que están llegando los repatriados de Afganistán, para presidir un acto de propaganda, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Una fotografía, al mejor estilo «Iván Redondo», que tal vez llegue tarde.

Mientras el nuevo aprendiz de «Fouché» de la política española, –el ministro de Presidencia, Félix Bolaños– intenta gestionar la política comunicativa del Gobierno; el líder de la oposición solicitó la comparecencia del presidente, «como hacen en otros países» para hablar no solo de la salida de Afganistán sino «del caos en el precio de la luz, las normas anticovid y la crisis migratoria en Ceuta». Los populares están aprendiendo rápido en su ímproba tarea de desgastar al gobierno social-comunista, y el argumentario de ideas-fuerza empieza a calar en el imaginario de la sociedad. El «Gobierno del caos», es la acertada descripción que promueven los populares, señalando el carácter poco fiable de los apoyos parlamentarios de un Gobierno que se quedó sin el escudo protector de Pablo Iglesias, y que sólo espera el maná de los fondos europeos para sobrevivir hasta 2024.

Sin embargo, es la política migratoria la que ha abierto el mayor conflicto interno entre los socios. La nueva líder de la izquierda populista Yolanda Díaz, es la que con mayor énfasis dirige sus críticas contra su propio Gobierno, señalando especialmente las devoluciones colectivas de menores desde Ceuta a Marruecos. Ceuta

La no resolución del drama migratorio amenaza a España, pero sobre todo al Gobierno de Pedro Sánchez

puede ser una auténtica bomba de relojería en la estrategia gubernamental. Tras la suspensión judicial durante 72 horas del retorno de menores marroquíes que accedieron solos a Ceuta en el mes de mayo, Marlaska trató de justificar la devolución de los menores en función del acuerdo de 2007 con Rabat, y afirmando que todas las decisiones se tomaron conjuntamente entre el ministerio y el gobierno ceutí.

El Gobierno de la ciudad autónoma remitió un escrito a la Fiscalía en el que endosa al Ministerio del Interior la responsabilidad sobre los términos en que se llevó a cabo la repatriación de menores, y señalando a Marlaska, quien trató con Marruecos las «condiciones» de la devolución de los cientos de jóvenes que cruzaron ilegalmente a España en mayo. En Ceuta entraron un total de 12.000 personas, entre las cuales 1.097 menores, la mayoría de ellos sin ningún tipo de control, identificación, reseña ni acogida ni protección, deambulando y pernoctando en campamentos provisionales, expuestos a todo tipo de riesgos.

Fue el presidente de Ceuta quien consideró que aplicar la «Ley de Extranjería» no era factible y reconoció que la iniciativa de activar el acuerdo con Marruecos para el retorno de menores no acompañados era del propio gobierno popular, pero fue Interior quien hizo las gestiones con Marruecos para facilitarlas. El argumento que tanto el juez como el Ministerio Público han utilizado para suspender las repatriaciones de menores contradice la versión oficial, que aseguraba que no eran necesarios los informes individualizados. La maraña judicial en la que se encuentran las expulsiones, amenaza con convertirse en un asunto de estado.

Ceuta y Afganistán, «Ceutistán», símbolo del drama migratorio y choque de culturas y de civilizaciones, que amenazan a una Europa confusa que vivió entre 20152016 la llegada de un millón de migrantes de Siria. La no resolución del drama amenaza a España, pero sobre todo, al gobierno de Pedro Sánchez.

Los populares están aprendiendo rápido de su ímproba tarea de desgastar al Ejecutivo socialcomunista