La deuda desbocada necesita medidas para evitar el hundimiento de las cuentas públicas
La OCDE, la AIReF y el Banco de España avisan al Gobierno de que deberá aumentar cuotas o bajar nóminas de los pensionistas, entre otras medidas, para evitar el hundimiento de las cuentas públicas
Nadie duda ya de que nada volverá a ser igual. Habrá un antes y un después, una vez la Humanidad supere definitivamente la pandemia del coronavirus. Para bien o para mal, el virus ha mutado la forma de relacionarse entre los seres humanos y, así, ha trastocado, sin remedio, la economía mundial. Ante este nuevo panorama, es indudable que unos están comenzando a emerger de esta crisis mejor parados que otros. Mientras, algunos países quedarán tocados durante décadas e incluso siglos. Pese a que la evolución de indicadores anuncia la proximidad de la salida del túnel, este es el caso de la economía española. Algunos economistas, entre los que se encuentran los de la OCDE, los de la AIReF y del Banco de España, vaticinan décadas de dificultad, como consecuencia de una deuda pública disparada y sin control.
La realidad es que los números son tercos. De ahí que nadie se atreva ya a cuestionar que reflejan un punto de partida alarmante. Si se toma 2020 como el año cero de la Nueva Gran Depresión, España saldó ese ejercicio con un déficit público situado en cuotas cercanas al 11% del PIB, una tasa de paro del 16,13%, un ritmo de destrucción de empresas de 69 sociedades al día, un desplome desconocido del PIB de casi el 11% y lo que, aún es peor, una deuda sin control, disparada hasta el 120% del PIB, la más alta de los últimos cien años y una de las más elevadas de la OCDE. Pero esa cuantía ya se ha superado con creces a junio de este año, según datos del Banco de España. En ese mes volvió a batir récord histórico, al colocarse en 1,426 billones de euros, el 122,1% del PIB.
Cubrir pensiones
De junio de 2020 a junio de 2021, la deuda ha crecido 138.000 millones. Este aumento de la deuda equivale, prácticamente, a la nómina de los pensionistas de este año. Según los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el gasto en pensiones superará los 160.000 millones por primera vez en el presente ejercicio, con una factura total de 163.293 millones, un 3,2% más que el año pasado.
En esta cantidad se incluyen las pensiones contributivas por importe de 143.061 millones, las de las clases pasivas por 16.978 millones y las no contributivas por un 2.574 millones. Es decir que con el incremento sufrido por la deuda se podría pagar casi la retribución de nuestros mayores de este año.
Pese a estar fuera de control, el Ejecutivo espera reducir este año su nivel hasta el 119,5%, en 2022 en casi cuatro puntos porcentuales para colocarla en 2024 en el 112,1% del PIB, casi 20 más que el nivel registrado antes de la pandemia del coronavirus en 2019.
En este escenario, sin duda, esta tasa condenará el futuro de generaciones enteras. De hecho, según los pronósticos de los economistas, la deuda pública del Gobierno de Sánchez hipotecará de por vida a cuatro generaciones, es decir, a los españoles que nazcan desde hoy hasta 2121, si se tiene en cuenta que entre generación y generación transcurre un lapso de tiempo de un cuarto de siglo. Así, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos tendrán que trabajar para costear una deuda desbocada por la gestión de la crisis.
En este contexto, todas las instituciones coinciden en recomendar la misma receta: la adopción de reformas estructurales, entre ellas, las del sistema público de pensiones. Así, el Observatorio de la AIReF de marzo actualizado en julio pasado advierte de que, si no se toman medidas para detener su avance, se estabilizará en el entorno del 120% del PIB durante décadas. Sus simulaciones indican que en 2039 los niveles de deuda no habrán conseguido descender del 118,4% del PIB.
Con el plan de recuperación del Ejecutivo y gracias a la llegada de los fondos europeos, sin embargo, augura que podría situarse alrededor del 110% del PIB. Las estimaciones del Banco de España no distan en exceso de las de la Autoridad Independiente Fiscal. La entidad central pronostica una evolución alcista de la deuda imparable, en el caso de que se opte por una política fiscal neutral, con una subida superior al 120% del PIB en 2036, fecha en la que se podría regresar a los niveles anteriores a la pandemia del 90%, siempre y cuando se adopten medidas de control.
Además, todos los analistas coinciden desde principios de este año en señalar que España no volverá ni en un siglo a los niveles de deuda del 60% del PIB,
Ni en un siglo se volverá a los niveles de deuda del 60% del PIB. Cuatro generaciones arrastrarán la gestión de Sánchez
permitidos por Bruselas. De ahí que se apueste por revisar esta exigencia europea para subir este límite. Pero mientras esta revisión ocurre, ¿por qué aún no se ha encendido la luz roja de alarma? La respuesta es simple, por el salvavidas del BCE, que compra deuda de los estados miembros desde el inicio de la pandemia, y por la suspensión de la disciplina fiscal decretada por la UE. Y ¿qué ocurrirá cuando retiren estas ayudas? No existe ningún bálsamo milagroso que cure las heridas de muerte que padece la economía española, debido a una deuda pública desbocada.
Por eso, ante este escenario nada halagüeño, tanto el Banco de España como la AIReF o instituciones como Funcas y Fedea recomiendan el diseño de un plan de consolidación fiscal que entre en vigor el día «D» de la retirada de este colchón de plumas.
En este contexto, nadie niega que el envejecimiento de la población española pasará una elevada factura, si no se remedia, a las cuentas públicas tanto por el lado del déficit como por el lado de la deuda pública. En ese sentido, la OCDE, en su informe sobre la economía española de junio pasado, da la voz de alarma, así como también lo ha hecho, en reiteradas ocasiones, la AIReF. Ambas instituciones expresan su preocupación por la espiral alcista que sufre la deuda pública española, situada en junio pasado en el 122,1% del PIB al superar la barrera de 1,2 billones.
En este escenario, tanto la AIReF como la OCDE recomiendan acometer una reforma inmediata de las pensiones, ya que «los desafíos fiscales se verán exacerbados por la duplicación de la tasa de dependencia de la tercera edad de aquí a 2050». Sin esa reforma, la deuda se disparará hasta el 171% del PIB e incluso con ella se estancaría en el 116%. De ahí que consideren que han de tomarse medidas adecuadas y socialmente aceptables para garantizar la sostenibilidad. En ese contexto, la OCDE apuesta por vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, medida que no ve con malos ojos la AIReF.
Además, propone seguir retrasando la edad efectiva de jubilación, desincentivando la jubilación anticipada e introduciendo nuevos incentivos para prolongar la vida laboral, como, por ejemplo, subir el número de años de cotización requeridos para cobrar la pensión íntegra. Y es que el envejecimiento de la población española supondrá una prueba de fuego para el futuro a corto y medio plazo del sistema público español de pensiones, que, sin duda, repercutirá en la deuda pública. De hecho, si en próximos años se desea garantizar los actuales importes de las nóminas de las pensiones de los futuros pensionistas y no declarar la bancarrota de la economía española, irremediablemente los trabajadores en activo y las empresas deberán contribuir más al sistema de la Seguridad Social. Concretamente, si España apuesta por mantener las nóminas actuales de sus pensionistas en 2050, el tipo efectivo de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores en activo en esa fecha deberá subir, nada más y nada menos, que ocho puntos porcentuales. Así lo ha advertido el Banco de España en los últimos meses.
Según sus cálculos, «en 2050, con tasas de empleo y dependencia del 80% y 58%, respectivamente, el tipo efectivo de las cotizaciones sociales debería subir unos ocho puntos porcentuales para mantener la tasa de beneficio actual. Por el contrario, si se opta por mantener la actual contribución habrá que reducir la tasa de beneficio», léase el importe de la pensión. En estos momentos, existe «una enorme presión en los gastos de las pensiones», a la que contribuye, a su juicio, el hecho de que «los pensionistas estén más movilizados políticamente hoy en día que los jóvenes». De esta manera tan gráfica, achaca la resistencia de la clase política a acometer ajustes en el sistema público de pensiones por el ejército de votos que representa 9,8 millones de pensiones en España. No obstante, advierte de que si no se hace nada la situación actual del sistema será insostenible en 2050 «por pura aritmética», fecha en la que la tasa de dependencia (diferencia entre los mayores de 65 años y la población en edad de trabajar) pasará en 2050 del 30% actual, es decir tres trabajadores por un jubilado, a dos tercios, es decir dos pensionistas por tres empleados.
En esa línea, la AIReF avisa de que el aumento proyectado del gasto en pensiones es uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo. Si este incremento no es compensado con ingresos adicionales, conllevará un aumento significativo del endeudamiento desde unos niveles históricamente elevados. En el escenario base de evolución del gasto en pensiones sobre PIB de la AIReF, la deuda pública alcanzaría el 165% del PIB en 2050. Por tanto, en este contexto, la deuda pública pesa como una losa sobre la economía española y amenaza con darle jaque mate.