Un juez venido a menos
FERNANDO GRANDE-MARLASKA MINISTRO DE INTERIOR
Durante años fue un juez valiente y firme contra el terrorismo, en los años más duros y sanguinarios de ETA. Pero desde que Fernando Grande-Marlaska dio el salto a la política y llegó al Ministerio del Interior su figura ha estado en el ojo del huracán. Ha sido el ministro protagonista del verano, y a pesar de las críticas, el único en dar la cara frente a un gobierno vergonzante y escondido. Marcado por la última polémica de las devoluciones de menores inmigrantes a Marruecos, bajo una maraña judicial difícil de entender entre la Audiencia Nacional, la Fiscalía y el Gobierno autonómico de Ceuta, en las cancillería europeas admiten que en su equipo han sido los únicos en mantener contactos de alto nivel e, incluso, batutar el espinoso tema de los refugiados afganos, para su identificación y seguridad en nuestro país, mientras otros compañeros de gobierno se han mantenido en un silencio inexplicable. «Actúan como culebras de agua», dicen entre sus colaboradores de Interior ante la postura escurridiza de quienes en su día fueron sutiles conspiradores para escalar puestos en el Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ). «Más que en un sillón de gobierno, está en una silla eléctrica», dicen ante este verano «horribilis».
Desde su llegada al gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido un solo día de tranquilidad. «Es un juez del PP», decían algunos socialistas al recordar que fue propuesto al CGPJ por el gobierno de Mariano Rajoy. Pero Sánchez le escogió para una cartera estrella y conflictiva. Y, además, le mantuvo en su cargo. Nadie sabe si por mantener intacta su confianza, o por no encontrar sustituto, lo cierto es que Fernando Grande-Marlaska se ha mantenido pese a las cuchilladas de algún compañero del Ejecutivo. «Que tengan cuidado los del fuego amigo, él también sabe mucho», advierten en su entorno. Y entre tanto, Marlaska afronta un sinfín de conflictos: el más reciente la política migratoria, la Guardia Civil, las cesiones al nacionalismo vasco con el traslado de etarras a cárceles del País Vasco y el olvido a las víctimas del terrorismo, denunciado por sus asociaciones. El que fuera juez del famoso «caso Faisán» parece hoy por avatares del poder político una sombra del magistrado que fue y del que ya poco queda.
Fue uno de su conflictos más sonoros. «Si tuviera dignidad dimitiría». Esta frase circuló varias semanas entre los altos mandos de la Guardia Civil sobre la figura de Fernando Grande-Marlaska y la dura sentencia contra su decisión de cesar al coronel Pérez de los Cobos. Un revés judicial sin precedentes a cargo de la Audiencia Nacional, donde ejerció como magistrado antes de su paso a la política. El revuelo en el seno del Instituto Armado fue enorme. Según algunas fuentes, la propia directora de la Guardia Civil, María Gámez, atribuyó el cese del coronel a
La Moncloa. El presidente del Gobierno respaldó la decisión de su ministro en una intervención en el Congreso y la justificó por una especie de limpieza de «policía patriótica». En la Benemérita celebraron la sentencia de la Audiencia y exigieron el final de purgas o intromisiones políticas. El departamento de Interior recurrió, pero Pérez de los Cobos reclama que le repongan en su cargo. Por el momento, Marlaska guarda silencio y Moncloa le sostiene hasta que el veredicto sea declarado firme.
Ironías del destino, Fernando Grande-Marlaska ha pasado de ser un juez juzgador, a ser juzgado. El PP, Ciudadanos y Vox exigen de inmediato su dimisión, y ha sido el ministro más interpelado en el
Congreso durante lo que va de legislatura. Algo muy duro para quien durante muchos años fue un magistrado de prestigio, azote del nacionalismo y el terrorismo etarra. Fernando Grande-Marlaska fue fichado por Pedro Sánchez como independiente, pese a que algunos compañeros le acusaban de haber estado en la órbita del PP. De hecho, fue el gobierno de Rajoy quien le propuso como vocal del CGPJ. Pero a Sánchez le gustaba este bilbaíno y su perfil de «progre» al ser el primer ministro homosexual casado de la democracia. Marlaska nunca ha ocultado su condición de gay y vínculos con el movimiento LGTB. En 2005, recién aprobada la ley entre personas del mismo sexo, contrajo matrimonio matrimonio con Gorka Arotz, filólogo de profesión, y empezaron una vida juntos en un piso del madrileño barrio de Chueca. En su libro autobiográfico, «Ni pena, ni miedo», el actual ministro admite su homosexualidad y confiesa los problemas familiares que le acarreó. El más duro fue la reacción de su madre, ya fallecida, que estuvo quince días sin salir de casa y seis años sin hablarle.
Nacido en Bilbao, su padre Avelino Grande, era policía municipal, su madre costurera y tiene dos hermanas. Toda su vida estuvo dedicada la justicia, desde el ingreso en la carrera en 1987, y su puesto en un juzgado de Santoña, Cantabria, donde investigó el suicidio de Rafael Escobedo, condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo. De allí pasó al País Vasco y llegó a Madrid para sustituir a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Grande-Marlaska fue siempre un juez comprometido contra el terrorismo de ETA, lo que le llevó a salir del País Vasco por numerosas amenazas de la banda hacia su vida. Instruyó números casos contra la violencia etarra, ordenó la entrada en prisión de Arnaldo Otegi, protagonizó el conocido «caso Faisán» ante el «chivatazo» que impidió las detenciones en el bar abertzale, y se hizo cargo del accidente del Yak-42 en Turquía, entre otros muchos casos de renombre.
En su vida privada, GrandeMarlaska lleva una vida discreta con su marido, Gorzka Arotz, y sus dos perros. Hubo un tiempo en que pensó en adoptar un hijo, pero luego lo desechó. Es habitual verle por los locales de Chueca, barrio emblemático para el colectivo LGBT. Le gustan la música, la lectura y algo de deporte. Muchos de sus compañeros en la carrera judicial no entienden sus errores al frente de Interior, en flagrante contradicción con su pasado. Y por ello, algunos le llaman «Pequeño Marlaska». Pero de momento, da la cara, aún a riesgo de que se la partan.
Desde su llegada al gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido un solo día de tranquilidad