La eléctrica pública que exige Podemos tardaría 30 años en estar operativa
La recuperación de centrales apenas alcanzaría al 4 % de la electricidad
El sueño de Unidas Podemos de recuperar una empresa eléctrica pública está todavía lejos de materializarse y, a tenor de las declaraciones públicas de la ministra de Economía, Nadia Calviño, sugiriendo que sería «una mala idea», parece aún una quimera. Sin embargo, esta onerosa empresa sí ha conseguido subir un peldaño gracias a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando en pleno rally alcisha ta del megavatio hora, con un nuevo récord de más de 117 euro, dio marcha atrás en su negativa a dar ese paso y abrazó la idea de la renacionalización de infraestructuras hidroeléctricas como una posible solución al imparable despegue del precio de la luz en el mercado mayorista.
Fuentes ministeriales han confirmado a este diario que los estudios preliminares para la creación de esta empresa ni siquiera han comenzado, solo se empezado a estudiar su viabilidad y a recabar información sobre fechas contractuales de las concesiones. Las mismas fuentes confirman que esta medida tiene una visión «más a largo que a medio plazo», como expresó recientemente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
No quiere el Ejecutivo forzar la marcha ni intervenir por decreto la finalización de los contratos vigentes. Se pretende evitar en todo momento que se coarten los derechos de estas empresas concesionarias. «No se actuará, en ningún caso, sobre concesiones en vigor ni se revocará ningún régimen o derecho legalmente establecido», confirmaron a LA RAZÓN las mismas fuentes. De este modo, se quiere dar un portazo a cualquier intento de su socio morado de exigir expropiaciones o nacionalizaciones forzosas. «Eso queda totalmente descartado», reafirman desde el Ministerio. Esa jugada supondría a buen seguro costosos litigios y desembolsos más que probables en concepto de indemnizaciones.
Por tanto, el camino a recorrer para que esta empresa sea operativa y tenga algún tipo de influencia en la fijación de precios en el mercado mayorista está aún muy lejos de ser una realidad. La empresa estatal que puede surgir de los planteamientos que ahora mismo están sobre la mesa de la ministra Ribera no iniciaría su andadura por lo menos hasta dentro de dos años. En esa fecha llegan a su fin las dos primeras concesiones de centrales hidroeléctricas. Pero si volvieran a pasar a formar parte del Estado, tendrían una capacidad tan ínfima de generación que su influencia sería irrelevante.
El problema es que la mayoría de las concesiones de estas centrales comienzan a vencer a partir del año 2030 y el grueso de ellas no lo harán hasta varias décadas después. Muchas tienen permisos en regla hasta mediados de siglo. Por tanto, el Gobierno no podría tener opción de intervenir directamente en la generación eléctrica como mínimo hasta dentro de tres lustros, una vez que hubieran tomado el control total de la gestión de una parte
La UE prohíbe la venta de energía por debajo de los precios del mercado ya que lo considera una ayuda estatal
importante de estas centrales, pero la capacidad real de ser una alternativa al mercado no se vería hasta al menos en 30 años. De este modo, la solución gubernamental para amortiguar la escalada de precios debería ir en otro sentido.
Tampoco ha confirmado el Gobierno si se crearía una empresa pública específica o se aprovecharía a Red Eléctrica –en la que el Estado, a través de la SEPI, tiene un 20% de sus acciones–. Sea una u otra, esta podría integrar electricidad directamente en el sistema a un coste mínimo de generación –en vez de al precio del mercado libre–, pero para que tuviera alguna repercusión en el precio finalista debería tener a su disposición un gran número de estas instalaciones hidroeléctricas. Pero dos factores juegan en su contra: el tiempo y la capacidad real de generación hidráulica.
En este sentido, y según datos oficiales facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, durante los próximos diez años apenas medio centenar de centrales de agua pasarían a manos del Estado, con una potencia máxima de 700 megavatios. Eso es una ínfima parte de las más de 1.300 instalaciones de este tipo que se reparten por todo el territorio nacional y que sumarían una potencia instalada de 17.152 megavatios, el 16,2% del total y el 12,2% de la demanda –según el último informe de coyuntura del sistema eléctrico de Red Eléctrica–, aunque otros años se han llegado a alcanzar incluso los 20.000 megavatios. Esto es apenas una sexta parte de la producción energética del país.
De este modo, con la empresa estatal a pleno rendimiento, se generaría menos del 4% del total de la capacidad instalada, muy lejos del objetivo que se pretende alcanzar con su creación.
Además, esta empresa pública tendría las manos atadas por la legislación europea, que tiene prohibido –incluso para las centrales públicas del territorio de la Unión– la venta de energía por debajo del precio de mercado, porque se consideraría una ayuda ilegal de Estado y conllevaría una fuerte sanción.
Ante tanto inconveniente, el Gobierno baraja ya otras opciones. Una de ellas buscaría una actuación inmediata sobre las centrales hidroeléctricas, incidiendo sobre las condiciones de los contratos para renegociar un cambio de «concesión por operación y mantenimiento». En esta situación, la empresa recibiría una compensación –que podría ser fija, variable o mixta– por la gestión de estos activos y el ingreso que generaran estas instalaciones sería para el Estado. Es decir, ofrecería una gestión compartida. Pero esta fórmula tampoco se podría implantar en el corto plazo, aunque sí en el medio, para dar margen a la negociación con los actuales concesionarios, y se garantizaría que el servicio no sufriría ninguna merma, ya que se mantendría el mismo servicio e igual plantilla. En contra de esta opción estarían los problemas legales que podrían surgir y que, al final, deberían de contar con el beneplácito de las compañías concesionarias, que no estarían muy dispuestas a perder sus ventajas contractuales.
El Gobierno recuerda que son muchos los países desarrollados que tienen empresas públicas en el mercado energético. En mayor o menor medida, los gobiernos de Francia, Holanda, Suecia, Italia o Suiza tienen participación mayoritaria en la principal empresa eléctrica del país, pero también lo tienen países como Estados Unidos, Australia o Japón. A ello se agarra ahora la ministra Ribera para sondear esta opción. «Queremos hacerlo cuanto antes, que se empiece la tramitación con el curso político que comienza en unas semanas», señaló días atrás. Así, con la vuelta del curso se pondrá sobre la mesa esta medida, que ya cuenta con el apoyo de varios socios pero con la negativa en pleno de la oposición.