Halcones y palomas, en guardia para reformar las reglas fiscales
Países proausteridad y progasto darán la batalla para poner a punto el controvertido Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija los topes de déficit y deuda de la eurozona
Tras la tregua, llega la batalla. Después de que la pandemia del coronavirus haya puesto en suspenso las normas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fijan para los países de la eurozona el déficit público en el 3% y la deuda en el 60%, halcones y palomas vuelven al frente de guerra y marcan posiciones.
Se espera que tras las elecciones alemanas el próximo 26 de septiembre, el Ejecutivo comunitario ponga en marcha una consulta pública para abordar no sólo la vuelta a la normalidad y qué ritmo resulta el adecuado a la hora de reducir el déficit público, sino una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que simplifique el texto actual. Pero aunque prácticamente no existen voces en la burbuja comunitaria de Bruselas que no consideren imperiosa la reforma de este polémico instrumento, las divisiones divisiones son muchas a la hora de poner el cascabel al gato.
La crítica compartida por los dos bandos es que los numerosos meandros del texto hacen que sea prácticamente imposible vaticinar cómo se aplican las reglas fiscales, lo que hace que, en la práctica, las normas fiscales europeas estén sujetas a la discrecionalidad y la politización de la Comisión Europea, que se ve inmersa en un tira y afloja difícil de soportar. Además, cuando un país deja de estar por encima del 3% del déficit, el Ejecutivo comunitario lleva a cabo un examen sobre el déficit estructural ligado a su capacidad de crecimiento económico (el «output gap») y a la reducción del déficit sin tener en cuenta los vientos a favor o en contra del ciclo, un cálculo discutible y opaco que prácticamente ningún país comparte. De hecho, en 2019 tan sólo 9 de los 19 Estados que forman parte de la zona euro, cumplieron estas innavirus dicaciones en sus planes presupuestarios enviados a la zona euro. Según aseguraba a LA RAZÓN hace unos meses el analista del «think tank» Bruegel, Zsolt Darvas, el Pacto resulta tan difícil de entender que su aplicación resulta «impredecible», lo que lleva a que los Estados europeos no «interioricen» la necesidad de mantener la cuentas públicas saneadas e intenten zafarse, siempre que pueden, de las normas impuestas por Bruselas.
El debate está abierto desde hace mucho tiempo, incluso antes de que la pandemia del corohiciera corohiciera su aparición, pero todo indica que la activación de la «clausula de escape» hasta el año 2023 es la ocasión propicia para que el pacto se beneficie de una puesta a punto, quién sabe si un cambio radical. El propio Consejo Fiscal Europeo, un órgano consultivo de la Comisión Europea, está presionando para una reforma antes de esta fecha. La secretaria de Estado estadounidense, Janet Yellen, viajó en el mes de julio hasta Bruselas para participar en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete y, según fuentes diplomáticas, aprovechó su visita a la capital comunitaria para aconsejar a los socios europeos no volver a la senda de la austeridad demasiado pronto, como modo de no repetir los errores de la crisis anterior cuando el dogma del 3% de déficit público lastró la recuperación económica europea.
Una de las grandes preguntas es si dará tiempo a llegar a un acuerdo para una reforma antes de 2023, teniendo en cuenta el impasse que se abre tras los comicios germanos y las dudas sobre cuánto tiempo costará formar un nuevo gobierno que sustituya el liderazgo de la actual canciller Angela Merkel y cómo este vacío de poder puede ser utilizado por uno u otro bando. Francia, España e Italia han sido los países que más han estado presionando para una reforma lo antes posible, pero ante la necesidad de contar con Berlín para cualquier cambio de envergadura han acabado resignándose a esperar a que la cancillería germana esté atada y bien atada.
No sólo están divididas las capitales, sino también el propio Ejecutivo comunitario, que también está formado por un delicado equilibrio entre «halcones» y «palomas». El comisario de Economía, Paolo Gentiloni (en el grupo de los segundos), aboga por blindar ciertas inversiones productivas (por ejemplo en la lucha contra el cambio climático y la digitalización) para que tengan un tratamiento diferenciado a la hora de ser contabilizadas como déficit público, como modo de que la estabilidad presupuestaria no ahogue el crecimiento económico. «Hay muchas soluciones posibles, propuestas, si reconocemos la necesidad de incentivar, fortalecer, la inversión pública en determinados sectores», aseguró el comisario en una entrevista reciente al periódico «Financial Times». Una opinión que no es compartida por el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis, si bien parece existir un consenso en el Ejecutivo comunitario sobre la necesidad de revisar le regla de reducción de la deuda, que ahora parece imposible de cumplir tras la barra libre de gasto público asociado a la pandemia.
Dentro de las propuestas que intentan encauzar el debate, el «Financial Times» ha publicado una series de documentos internos del Partido Popular Europeo en la Eurocámara en los que se defiende que la Comisión Europea deje de encargarse de supervisar las normas fiscales –como forma de que desaparezca la sombra de politización– y sea un «árbitro imparcial» como el Consejo Fiscal Europeo el encargado de esta tarea. En todo caso, la batalla tan sólo ha comenzado y en Bruselas, una vez más, todos los caminos llevan a Berlín.
Las elecciones alemanas de septiembre serán el pistoletazo de salida para hacer efectivas estas normas ahora paralizadas