Castillo busca el apoyo del Congreso al débil Gobierno
El presidente de Perú se somete a la confianza del Congreso lastrado por su primer ministro y las presiones de su partido
La precaria Presidencia de Pedro Castillo afronta hoy una votación clave en el Congreso peruano. El Gabinete elegido por el presidente se somete a la preceptiva cuestión de confianza de la Cámara en medio de la polémica y la incertidumbre. En un país lastrado en los últimos años por la guerra permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, la cuestión de confianza del Gobierno es un hito clave. Esta vez servirá además para medir los apoyos del izquierdista Castillo entre unos diputados siempre díscolos.
El presidente no solo tiene que gestionar la fragmentación del Congreso –su partido solo cuenta con 37 de los 140 escaños–, sino también las cada vez más evidentes fracturas internas en su formación, Perú Libre, donde las bases más radicales, fieles al fundador, Vladimir Cerrón, muestran cada vez mayor malestar por lo que interpretan como «derechización» del gobierno.
El Gobierno de Castillo ha sufrido escándalos desde antes incluso de su confirmación en el Congreso. El ministro de Exteriores, Héctor Béjar, un sociólogo conocido desde hace décadas por sus ideas de ultraizquierda y su pasado guerrillero, tuvo que dimitir por el escándalo que provocaron unas declaraciones en las que responsabilizó a la Armada del comienzo del terrorismo en Perú. En un país donde los más de 70.000 muertos provocados por el conflicto con Sendero Luminoso siguen siendo una herida abierta, una afirmación así viniendo de un canciller fue vista casi como una blasfemia.
Sin Béjar, la pieza clave del examen parlamentario al Gobierno Castillo será el primer ministro, Guido Bellido. Su figura suscita rechazo mayoritario en la calle y en el Congreso, pero Castillo apostó por él para dirigir el Gabinete en una aparente concesión a Cerrón, admirador de la Cuba castrista donde se formó y empeñado en que Castillo siga sus dictados hacia la reforma constitucional prometida.
A Bellido le persiguen los escándalos. Sus comentarios machistas y homófobos palidecen ante su expediente judicial. La
Fiscalía lo investiga por apología del terrorismo, vínculos con Sendero Luminoso y su supuesta participación en una trama de venta de permisos de conducir cuando era dirigente de Perú Libre en la Gobernación de Junín.
Cuando se supo que Bellido era el elegido como primer ministro, fuerzas de oposición como el Partido Morado o Juntos por el Perú mostraron su rechazo a su figura, pero en la líquida política peruana todo cambia en cuestión de días y las posibilidades de que el Congreso apruebe el nuevo Gobierno parecen hoy mayores que hace unas semanas.
Todo dependerá del enrevesado reparto de poderes entre el presidente y el Congreso que recoge la Constitución. El Congreso puede vetar al Gobierno. Si lo hace, Castillo podría presentar una nueva propuesta, pero si es rechazada por segunda vez, entonces está facultado para disolver el Congreso.
En los últimos días, los pronósticos apuntan a que los congresistas se tragarán el sapo de un Gobierno encabezado por alguien como Bellido con tal de evitar el peligro de que Castillo disuelva el Legislativo y allane el camino a la Asamblea Constituyente que prometió en la campaña.
Castillo y los congresistas se miran de reojo. A estos siempre les queda el recurso de promover la vacancia, como se llama en Perú a la destitución parlamentaria del presidente. Fue la herramienta que terminó provocando la caída de Pedro Pablo Kuczysnki en 2018 y Martín Vizcarra en 2020, y la minoría de Castillo lo hace especialmente vulnerable. Lo único que puede darse por sentado es que, pase lo que pase, la inestabilidad continuará.
Castillo se sacó el miércoles un as de la manga al anunciar el traslado a una prisión común de Vladimiro Montesinos, preso en la base naval de el Callao por su participación en escándalos de corrupción y violaciones de los derechos humanos en los años en los que fue la mano derecha de Alberto Fujimori. El presidente vendió la decisión como una garantía de que «ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado».