El debate en el Supremo pone a Dolores Delgado en la cuerda floja
El Gobierno está preocupado porque el alto tribunal acepte los recursos de PP y Vox contra su designación como Fiscal General del Estado
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo podría estimar los recursos presentados por PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. La impugnación se basa en que no cumplía el requisito de imparcialidad, porque había sido ministra de Justicia y diputada del PSOE. Fuentes judiciales precisaron que «con este tema nada es previsible», ya que hay un sector de la Sala que es favorable a estimar el recurso y proceder a la anulación del nombramiento.
La operación cambio de «peones» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha empezado a rozar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Algunos movimientos del Ejecutivo dan a entender que temen que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo pueda estimar el recurso contra el nombramiento de la ex ministra de Justicia. Impugnaron la decisión Vox y el PP por entender que no cumplía con el requisito de imparcialidad, por proceder directamente del Gobierno y de las listas del PSOE, y por «no ser una jurista de reconocido prestigio».
Si los recursos prosperasen, se anularía el nombramiento mediante la revocación del Real Decreto del Gobierno. Y si así sucediera, Moncloa tendría que hacer frente a un escándalo judicial y político de primera magnitud justo cuando se acumulan sus choques con el Poder Judicial. Entre otros recientes, por los indultos a los líderes del «procés», por su estrategia de cuestionar la sentencia del Supremo sobre el 1-O, o por las reformas que ha intentado impulsar para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la falta de acuerdo con el PP.
Fuentes judiciales precisaron ayer a este diario que «con el tema de la fiscal general nada es previsible». Confirman que es «seguro» que hay un sector de la sala de lo contencioso-administrativo que «busca la estimación del recurso, porque sólo así puede interpretarse los movimientos que han llevado a que el Pleno pueda asumir el asunto». La fiscal general no puede ser cesada legalmente por el presidente del Gobierno porque está blindada hasta que haya elecciones y un nuevo Ejecutivo. Otra cuestión es que Sánchez «le haga la cama» por la vía de expresar públicamente su falta de confianza, y ella se viera obligada a dimitir. «A ella también le interesaría dimitir antes de que los jueces le digan que no es idónea», señalan en el ámbito judicial.
Por si acaso, desde el Gobierno empiezan a soltar lastre de manera preventiva y filtran estos días que este tema «amenaza con ser un dolor de cabeza» para el jefe del Ejecutivo, no sólo por ella, sino también por lo que «va a salir de alguna persona de su entorno», en alusión a Baltasar Garzón.
Su polémico nombramiento se hizo en contra no sólo de la oposición, sino de la mayoría de la carrera judicial: se interpretó en medios políticos y judiciales como la puerta giratoria del «procés». Entre todas las nuevas responsabilidades de la ministra en su salto del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en el que se integra la Fiscalía aunque sea de manera autónoma, está dirigir la actuación del Ministerio Público en las distintas causas judiciales abiertas como consecuencia del referéndum ilegal convocado por el independentismo.
Delgado ha servido de fusible a Sánchez para frenar algunas polémicas, pero también ha sido un elemento de
desgaste, y hasta una de las razones esgrimidas por el principal partido de la oposición para justificar su negativa a cerrar el acuerdo sobre la renovación de las vacantes institucionales.
Cabe recordar que la necesidad por parte de Sánchez de conseguir la abstención de ERC en su investidura situó el foco en un marco de negociación en el que los de Oriol Junqueras pusieron sobre la mesa aquello que han dado en llamar la «desjudicialización» de la política. Y tras el nombramiento de Delgado se creyó ver la «mano» que movería los hilos para favorecer las pretensiones secesionistas.
«Error político»
Las críticas más duras, por tener más impacto en su profesionalidad, le han venido de la Justicia, desde donde se advirtió a Sánchez de que la diputada y ministra carecía «de la aptitud exigible». Pero también desde sectores de la izquierda tacharon esta designación de «error político».
No hay ninguna norma que impida formalmente que un antiguo miembro del Gobierno sea designado para el cargo de fiscal general y, por eso, ya hubo un precedente anterior, el de Javier Moscoso, en 1986. El caso de Eligio Hernández es diferente, ya que, aunque también procedía de un puesto dependiente del Gobierno, no era una cartera ministerial.
Sánchez inició con la drástica remodelación del Consejo de Ministros una nueva etapa que, según todas las señales emitidas hasta ahora, tiene como objeto «limpiar» la imagen del presidente del Gobierno y corregir su desgaste ante la ciudadanía.
El camino pasa por rodearse de un nuevo coro de voces que «afiancen» en la opinión pública esa idea de un nuevo tiempo, y hagan más creíble la operación de renovación en las formas y en el fondo.
De momento, según fuentes judiciales todavía no se ha llegado a la cuota de los 12 magistrados que se requieren para que los recursos vayan a Pleno. Hay nueve que sí lo han solicitado. Si no se llega a los 12, todo queda en manos del presidente de la sección a la que le corresponde resolver.
Las posturas parece que están muy divididas. De no ir a Pleno, será la Sala (sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo), formada por 6 magistrados, la que resolverá. Preside César Tolosa.