Moncloa espera que Lesmes presione para la renovación del CGPJ
El Gobierno confía en que en su discurso de apertura del año judicial del lunes haga un alegato en favor de la renovación
«Más de 1.000 días». Este es el cómputo redondo que exhiben en el Gobierno para explicitar lo insostenible de la situación de interinidad en la que se encuentra instalado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace más de dos años y medio. Los intentos de Moncloa de promover un acercamiento con el PP se han demostrado infructuosos, a pesar de que desde el Ejecutivo sostienen desde hace meses que el pacto está prácticamente cerrado a la espera de acordar una fecha para su anuncio. Las maniobras de presión son transversales e incluyen a los tres poderes del Estado. Tras cerrarse sin éxito la negociación entre el PP y el Ejecutivo, los partidos que componen el Gobierno promovieron en el Legislativo dos reformas para obligar a moverse a los populares. Con escaso éxito.
La más grave y a la que Pedro Sánchez se vio obligado a renunciar –con la oposición de Podemos– avanzaba en la rebaja de las mayorías (desde la cualificada a la absoluta) para la elección de los miembros del CGPJ en las Cortes. De este modo, los diputados del PP no serían necesarios en la operación y bastaría contar con los votos del Ejecutivo y sus socios. Esta reforma causó una intensa polémica dentro y fuera de España, llegó hasta Europa, lo que forzó al Gobierno a rectificar. El presidente escondió este paso atrás en una mano tendida a Pablo Casado para seguir negociando. Sin embargo, sí prospero otra reforma, ya aprobada, que preveía limitar las facultades del órgano de gobierno de los jueces en funciones. En concreto, que siguieran realizando nombramientos con el mandato caducado.
Ahora, en un nuevo intento de presionar a los populares, en Moncloa miran al próximo lunes –cuando se celebrará la apertura del año judicial– y ponen el foco en el discurso que pronunciará el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes del Ejecutivo reconocen que esperan que en su intervención Carlos Lesmes haga un alegato en favor de la renovación por la «deslegitimación» que lleva aparejado este bloqueo. Este planteamiento gubernamental no va desencaminado con los planes del propio Lesmes ni con otros pronunciamientos precedentes del presidente del CGPJ que ya el año pasado en este mismo foro calificó la situación de parálisis de «seria anomalía».
Sin embargo, el PP parece inmune a cualquiera de estos elementos de presión y sigue firme en su propósito de no facilitar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En Moncloa tenían previsto iniciar con el nuevo curso una nueva etapa de interlocución, de hecho, hay pendientes contactos entre Gobierno y oposición. Por esta razón, en Moncloa resultó muy significativa, por excesiva, la reacción ayer de Pablo Casado a las palabras de Félix Bolaños en una entrevista en la Cadena SER. El hecho diferencial para las fuentes consultadas es que el presidente del PP exigiera la dimisión del ministro de Presidencia que es, además, el interlocutor de Génova en las negociaciones. Unas negociaciones que se encuentra en vía muerta, según reconocen.
En concreto, las palabras de Bolaños que soliviantaron al líder del PP fueron estas: «Ni los jueces puede elegir a los jueces, ni a los políticos los eligen los políticos. Los eligen los ciudadanos. Tiene que tener una base democrática. El Parlamento son los que han de elegir los tres poderes. La base democrática es esencial». En un movimiento poco habitual, desde el PSOE también respondieron airados a la petición de cese del PP –a un ministro del Gobierno–, acusando a Casado de «manipular» las palabras de Bolaños, calificando de «indignante» la actitud del líder de la oposición e instándole a «rectificar».
En el Ejecutivo no son optimistas en esta cuestión, pues asumen que están en manos de Casado porque el desbloqueo del CGPJ solo se puede producir con un pacto con el PP. Una vez renovado el órgano de gobierno de los jueces no presuponen otros escenarios futuros, que podrían pasar por atender la petición de cambiar el sistema de elección. Un sistema que, recuerdan, a pesar de ir en el programa del PP a las elecciones no aplicó durante su etapa en el poder. En Moncloa se afanan en enarbolar el mandato constitucional –que el PP, dicen, incumple– y el «desprestigio» en el que se está sumiendo a la institución. «No vale el argumento de que no me gusta la ley. El actual modelo deriva de un pacto de estado de 2001 con el PP gobernando. ¿Ha cambiado el PP de opinión respecto al modelo? Tenemos que cumplir la ley y la Constitución. Tienen que tener un mínimo sentido de Estado», inquirió ayer el ministro Bolaños. En el Ejecutivo sostienen que el cambio de sistema de elección solo es una nueva excusa para mantener el bloqueo.
En el Ejecutivo consideran significativo que el PP exija la dimisión de Bolaños, que es su interlocutor
Esta iniciativa de los jueces progresistas se lleva a cabo bajo el título «por el desbloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial». El el texto donde se anima a sumarse a esa iniciativa, que se ha marcado el objetivo de lograr 10.000 firmas, se señala que la campaña de recogida de firmas es para que se produzca la renovación del CGPJ «y se acabe con el bloqueo».
En la plataforma de change. org, la asociación arremete contra el PP al señalar que «ha estado bloqueando la renovación con las más variadas excusas, al aprovechar que la ley exige mayoría cualificada del parlamento».
Explica que el actual CGPJ fue constituido en 2013 con los criterios marcados por el gobierno de Mariano Rajoy y debía haber acabado su mandato a finales de 2018.
Sin embargo, no se procedió a modificar su composición al finalizar el periodo de 5 años previsto por la Constitución. «Es como si un partido se negara a convocar elecciones y a abandonar el gobierno al acabar una legislatura de cuatro años», añade la citada asociación.
Exigencia de la UE
Por otro lado, las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en las que venía a rechazar un cambio de modelo en la elección de los 12 vocales judiciales para que éstos sean elegidos por los propios miembros de la Carrera Judicial, levantó ayer duras críticas de buena parte de los representantes de la misma.
Así, Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura , manifestó, en declaraciones a este periódico, que tanto el legislador constituyente como la Unión Europea «no hacen más que reiterar la necesidad de que al menos la mitad del CGPJ o de los órganos similares existentes en otros países, sean elegidos por parte de los jueces, como principio de la independencia judicial, que garantiza que un Estado sea de Derecho».
Por su parte, el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, señaló que las declaraciones del ministro Félix Bolaños eran «alarmantes e irresponsables».
En ese sentido, incidió en que «cuesta entender que alguien que supuestamente crea en la independencia judicial y la separación de poderes pueda defender un sistema de elección del CGPJ como el actual si no es porque se aprovecha del duopolio partidista en el que lo han convertido PSOE y PP».