Vox denuncia en Anticorrupción a la ministra Montero
Entre otros posibles delitos se apunta a la posible financiación ilegal de Podemos
Los problemas legales no amainan en el seno de Podemos. Más bien al revés. Al «caso Dina» o el próximo juicio en el Tribunal Supremo al diputado Alberto Rodríguez –tendrá lugar el día 12– por un presunto delito de atentado contra un Policía, se suma ahora la denuncia presentada esta mañana por Vox ante la Fiscalía Anticorrupción contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular y diputado de Podemos, Rafael Mayoral. La denuncia se produce después de las declaraciones del embajador de Ecuador en España, Pascual de Cioppo, quien reconoció la existencia de un entramado de contratos entre empresas vinculadas con los denunciados y el Gobierno ecuatoriano. Por ello, se insta a Anticorrupción a que tome declaración a Montero y Mayoral sobre los hechos denunciados.
En concreto, la Vicesecretaría Jurídica de la formación liderada por Santiago Abascal, que dirige Marta Castro, considera que tanto la ministra Montero como Mayoral han podido incurrir en los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, malversación de caudales y tráfico de influencias.
La denuncia recoge las declaraciones del embajador de Ecuador, quien se refiere a pagos mensuales que llegarían hasta 1.200.000 euros al año, a través de posibles pagos a Montero y Mayoral con el objetivo de financiar a Podemos.
La empresa a través de la que se recibirían los pagos sería Kinema Sociedad Cooperativa –para asesorar a ecuatorianos con problemas hipotecarios en España–, y está formada por Mayoral, Ana Marcello, exdiputada de Podemos, y Elena Marcello,
Pide a la Fiscalía que investigue si el Gobierno de Ecuador pagó a empresas vinculadas al partido
La denuncia afecta igualmente al diputado y Secretario de Social Civil de Podemos Rafael Mayoral
actual presidente de la sociedad, y se habría firmado con la anterior embajadora de Ecuador, a juicio de Vox.
El contrato entre Kinema y el Gobierno de Ecuador, destaca Castro en su escrito, contaría con una cláusula de confidencialidad para que los pagos permanecieran ocultos, y una cláusula de indemnización. Como resultado de estos contratos, Kinema multiplicó sus ingresos anuales.
En la denuncia, Castro se refiere a los testigos que han declarado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 42, donde los testigos han declarado que Podemos exigía a todas sus delegaciones territoriales que se utilizara Kinema.
Identificar los pagos
Además,, se insta a Anticorrupción a que cite a declarar tanto a Irene Montero y a Rafael Mayoral, así como al actual embajador de Ecuador en España, en calidad de testigo. Junto a ello, Vox pide que se imste a la UDEF para identificar la cuenta corriente en la que se recibieron los pagos y el concepto de los mismos..