Despolitizar la Justicia
El flamante ministro Bolaños ha descartado vehemente, la reforma que pide el Partido Popular para el CGPJ: «Los jueces no pueden elegir a los jueces», rechazando la propuesta popular consistente en reformar la ley para que los magistrados elijan directamente a los 12 vocales del turno judicial, los que se eligen entre jueces en activo, y que el Parlamento elija los ocho vocales del turno de juristas de reconocido prestigio. El PSOE ya no sabe como justificar la negativa a reformar la forma de elección de los vocales del CGPJ, porque es cierto que los jueces no pueden elegir a los jueces, precisamente porque no se aborda la elección de los jueces sino vocales de su órgano de gobierno, lo que es absolutamente diferente, ya que, ni constitucional ni orgánicamente, tienen la consideración de jueces.
Es curioso que la frase completa del nuevo Fouché de la Moncloa fuera «ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos», quien ha sido elegido para ser ministro de España por el dedo nominativo del presidente Pedro Sánchez, que como todo el mundo sabe es un político, al que ha escogido de forma unilateral, para ejercer el control político.
El PP, en su sensata propuesta para la reforma del CGPJ, plantea que sean los jueces quienes elijan los vocales de su órgano de gobierno. Desde 1985, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han apartado sus diferencias para repartirse los cargos del Consejo, con la aquiescencia de CiU y PNV. Y poco les ha preocupado, que desde 2013, reiterado en las rondas de evaluación y seguimiento de los años 2016, 2018 y 2020, el Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa y conocido como informe GRECO, haya instado a España a corregir la legislación sobre la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para evitar intromisiones políticas.
La Constitución dejó claramente establecida la forma de la elección de los 12 vocales provenientes de los propios jueces, 4 por el Senado y 4 por el Congreso, estos últimos entre juristas de reconocida competencia. Este sistema dotaba de independencia al Consejo, pero también lo entroncaba en la soberanía, representada en las Cortes. Pero cuando el PSOE, presidido por Felipe González, ganó las elecciones vio la oportunidad de controlar el órgano de gobierno de los jueces. En 1985 modificó el sistema de elección pasando a ser el Congreso y el Senado quien elegía la totalidad de los vocales, ya fueran jueces o juristas de prestigio. A pesar de que el PP –primero en 2011 y posteriormente en 2013 con la conocida reforma Gallardón– intentó reformar el órgano de gobierno del CGPJ, fracasó estrepitosamente, al no existir una clara voluntad política de dotar de independencia al poder judicial.
La mordaza que la izquierda quiere imponer a la renovación
La mordaza que la izquierda quiere imponer en la renovación del CGPJ nos recuerda al uso maniqueo de la Fiscalía
del órgano de gobierno de los jueces, nos recuerda al uso maniqueo de la actual Fiscalía, siempre al rescate del Gobierno, impidiendo sea la investigación de la «caja B» de Podemos, del 8-M o la gestión oficial de la pandemia. Quien no recuerda la frase de Pedro Sánchez «¿La Fiscalía de quién depende?» –«depende del Gobierno», completó el periodista– «Pues ya está…»
Los jueces solo están sometidos al imperio de la Ley, por lo que es importante diferenciar los jueces y magistrados, con un estatuto legal que protege su independencia, de su órgano de gobierno, sometido al control político. Mientras tanto, llevamos más de 1.000 días de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado se muestra firme en su propuesta: «Cuando lleguemos al Gobierno de España el compromiso es despolitizar la justicia». Que así sea.