Bolsonaro moviliza a las masas contra el Supremo
Convoca protestas multitudinarias en Brasilia y Sao Paulo
Brasil se despertó ayer en el 199º aniversario de su independencia con el temor a un episodio similar al vivido en el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de los seguidores de Donald Trump. El presidente Jair Bolsonaro, de 66 años, que reivindica la dictadura brasileña que gobernó el país entre 1963 y 1984, convocó manifestaciones por la mañana en Brasilia y por la tarde en Sao Paulo. Los seguidores de Bolsonaro marcharon frente al Congreso provocando un aumento de la tensión. Un grupo de manifestantes «bolsonaristas» atacaron con puñetazos a dos jóvenes por considerarles «infiltrados». Los golpes y empujones eran acompañados por los insultos de «petistas», en clara referencia al Partido de los Trabajadores del ex presidente brasileño Lula Da Silva (2003-2011) quién recuperó sus derechos políticos en abril tras un fallo del Tribunal Supremo que anulaba los cuatro juicios contra él debido a la falta de imparcialidad imparcialidad del juez Moro que le enjuició. Lula salió de la cárcel en noviembre de 2019 tras un año y medio entre rejas.
Bolsonaro, buscó enfrentar al Supremo con «una o dos millones de personas en las calles» para que el poder moderador de la República «sea el pueblo y no un par de jueces», remarcó en un vídeo publicado el lunes en las redes sociales. El mandatario calificó las movilizaciones como una «ruptura» y un «ultimátum» contra el Alto Tribunal, al que acusa de violar la Constitución tras abrir procesos contra él y sus aliados. Las causas se deben a la supuesta operación para intervenir militarmente la máxima autoridad judicial y la difusión de noticias falsas. El juez Moraes investiga desde 2019 a políticos cercanos a Bolsonaro por usar dinero público y financiación privada para impulsar organizaciones que defienden la necesidad de un golpe militar y la intervención del Ejército en el Supremo. Bolsonaro formó un Gobierno rodeado de militares. Nunca antes tantos militares habían tenido puestos de responsabilidad en Brasil desde el inicio del periodo democrático en 1985.
La seguridad en las principales ciudades del país carioca fue reforzada con importantes dispositivos de seguridad para evitar altercados violentos, desmanes y choques entre los seguidores de Bolsonaro y aquellos que rechazan su gestión. La mayor preocupación está en Sao Paulo, donde también estaba convocado una protesta ciudadana contra Bolsonaro a pocos kilómetros de la de los bolsonaristas. La mayoría de partidos políticos progresistas brasileños optaron por no organizar concentraciones debido a la crispación política que ha ido aumentando durante las últimas semanas. Bolsonaro acusó a la oposición y al poder judicial de querer amañar los comicios presidenciales previstos el 1 de octubre de 2022. Pese a admitir que carece de pruebas, Bolsonaro llamó a sus seguidores a no aceptar los resultados. Las encuestas auguran una derrota contra Lula en un duelo electoral que se da por hecho pese a que ninguno ha oficializado su candidatura. Los adeptos de Bolsonaro piden una «intervención ya».
Las protestas contaron con el mayor operativo de seguridad policial conocido en San Pablo y Brasilia, sobre todo porque los gobernadores habían lanzado una alerta sobre posibles motines de agentes provinciales adeptos a Bolsonaro. Había controles de armas en los accesos a los lugares de las manifestaciones. Los simpatizantes del presidente brasileño han organizaron más de 200 caravanas desde 10 estados para viajar hacia las dos ciudades al precio de 40 euros el asiento, según lo divulgado en las redes en Telegram por los seguidores de Bolsonaro. Los empresarios rurales de la soja, la minería en la selva amazónica, los pastores evangelistas y entidades policiales son las que han organizado las caravanas desde los estados del país para llegar a las manifestaciones.
El alto voltaje de las manifestaciones desencadena un operativo de seguridad sin precedentes