Crece la presión para liberar a las presas por aborto
La histórica decisión del Tribunal Supremo mexicano obliga a revisar las cárceles
Las mujeres en México no se enfrentarán a penas de cárcel por interrumpir voluntariamente su embarazo. El Tribunal Supremo declaró este martes inconstitucional las condenas penales a las mujeres que deciden abortar. El máximo órgano judicial prohibió, por unanimidad de los diez miembros presentes en el pleno y una sola ausencia, castigar con cárcel la interrupción voluntaria del embarazo. Los magistrados reconocieron el derecho de las mujeres mexicanas a abortar. Solo cuatro de los 32 estados mexicanos han legislado para permitir a la mujer frenar la gestación en las doce primeras semanas de embarazo. En el resto de estados rige una ley de supuestos. La decisión viene motivada por un recurso de inconstitucionalidad del artículo 196 del estado de Coahuila que imponía una pena de prisión de entre uno y tres años a las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo. El presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, se mostró satisfecho: «A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. Se inicia una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto a todas las personas gestantes». Las feministas ondearon ayer en Ciudad de México sus pañuelos verdes, símbolo de la lucha por el derecho al aborto que comenzó en Argentina y se extendió a varios países de Latinoamérica, y se han mostrado emocionadas por «una decisión histórica».
La sentencia supone un revés para los grupos conservadores que se oponen a la despenalización del aborto como Provida, la Asociación Nacional de Padres de Familia, la Iglesia católica y formaciones políticas de derecha como el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Encuentro Social (PES). El Frente Nacional por la Familia de Coahuila protestó ante el Congreso. Poco antes de la resolución, un grupo de 15 personas llamado «Rezamos por las dos vidas» protestó a las puertas del Supremo con carteles como «el aborto es un feticidio agravado» y «México es provida». El Supremo debía ayer pronunciarse sobre otro recurso de inconstitucionalidad respecto al derecho al aborto. Los magistrados deberán sentenciar si la ley del estado de Sinaloa que fija el derecho a la vida desde el momento de la concepción cumple con la Constitución.
El movimiento feminista mexicano remarca que la urgencia ahora es sacar de prisión a las mujeres encarceladas por abortar. La abogada y directora ejecutiva de Women´s Equality Center, Paula Ávila-Guillén, explica que «en México comienza el camino de liberar a todas las presas por haber abortado». Ávila-Guillén asesora desde la plataforma Mujeres Vivas y Libres: «Las mujeres en prisión en Coahuila deberían ser automáticamente liberadas y en otros estados deben pedirle al juez que las libere». Su compañera Angélica Contreras, comunicadora experta en perspectiva de género, coincide en que «es emocionante que la corte argumente que la ley debe estar al margen de las creencias y no base su decisión solo en el peligro de los abortos clandestinos». La abogada remarca las tareas pendientes para garantizar el acceso a este derecho: «Falta que existan regulaciones sanitarias para que los hospitales puedan prestar un servicio de aborto seguro». El movimiento feminista latinoamericano considera el derecho al aborto uno de los ejes de sus acciones junto con la lucha contra los feminicidios. América Latina presenta grandes diferencias respecto a la legislación del aborto. Solo Argentina, Uruguay, Guyana, Guayana Francesa y Cuba han regulado la libertad de abortar en las primeras semanas de gestación. Por el contrario, los países que prohíben el aborto sin excepciones son El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. La pasividad de los partidos mexicanos para abrir este debate se ha dado de bruces con este histórico fallo del máximo órgano judicial. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo ayer que «la decisión debe respetarse y no tomar partido». López Obrador, se ha negado a legislar para no provocar «enfrentamientos» pero nunca se ha posicionado.