El TC amplía su mayoría en contra del segundo estado de alarma
La falta de control del Congreso y la «cogobernanza» con las CC AA, las principales quejas
El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para un segundo varapalo del Tribunal Constitucional (TC) por su gestión de la pandemia. Pero a diferencia del pasado julio –cuando el Pleno de la institución «tumbó» el primer estado de alarma por un solo voto–, en esta ocasión lo hará con una mayoría más holgada.
Según apuntan fuentes del Constitucional, al menos siete magistrados prevén avalar la ponencia que señala tachas de inconstitucionalidad también en el decreto que avaló el segundo estado de alarma en octubre del pasado año. Y es que a los cinco que ya respaldaron el pasado julio la inconstitucionalidad de algunos apartados del decreto por el que entró en vigor el primer estado de alarma –la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Pedro González Trevijano, Alfredo Montoya, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Antonio Narváez– se les unirá el conservador Andrés Ollero, ex diputado del PP, que en aquella ocasión no respaldó el recurso de Vox.
Según esas mismas fuentes, están dispuestos a avalar la constitucionalidad del decreto de octubre (como ocurrió con el primer decreto) tanto el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido como los magistrados María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. En el aire está no obstante, añaden esas mismas fuentes, la posición que adoptará finalmente el presidente del Tribunal Constitucional, el conservador Juan José González Rivas. «Tiene dudas y quiere escuchar los argumentos de unos y otros» –apuntan– antes de pronunciarse sobre la ponencia elaborada por el magistrado Antonio Narváez.
Si finalmente el presidente del TC se alinea con los magistrados que sí ponen reparos a la constitucionalidad de ese decreto ley, la mayoría del Pleno sería aún más holgada, pues se traduciría en que ocho de sus componentes apoyarían un nuevo tirón de orejas al Ejecutivo por su gestión de la pandemia y únicamente tres de ellos se opondrían.
En lo que sí coinciden las fuentes consultadas es en que la previsible declaración de inconstitucionalidad se ceñirá principalmente a dos cuestiones: la falta del control del Congreso, al haberse prorrogado seis meses el estado de alarma por el Gobierno de Pedro Sánchez, y la «cogobernanza» con las comunidades autónomas, que permitió a los gobiernos regionales limitar derechos fundamentales mientras estuvo en vigor ese estado de alarma.
Pero, además, las fuentes consultadas inciden en que el TC también reprochará al Gobierno –como sucedió en la anterior ocasión y, también, al declarar la inclusión del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisión Delegada para asuntos de Inteligencia, que controla el CNI–su excesiva querencia a recurrir al decreto ley para legislar. Ya en esta última ocasión, el Constitucional le recordó al Ejecutivo (y previsiblemente lo volverá a hacer el próximo octubre, cuando está previsto que se pronuncie sobre el segundo estado de alarma) que esa figura legislativa está reservada para supuestos de «extraordinaria y urgente necesidad».