Casi el 90% de los trabajadores en ERTE son del sector servicios
En España hay más de 270.000 personas que permanecen en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El 86,6% de ellas pertenecen al sector servicios, y de este porcentaje, cuatro de cada diez trabajan en hostelería, según datos publicados por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMCUGT). (FeSMCUGT). Esta organización se ha mostrado «optimista» con los datos provisionales de los ERTE en el primer semestre del año, con una caída del 97,4% respecto al primer semestre de 2020. En un comunicado, la FeSMC-UGT ha relacionado estas cifras con «la mejora de la situación económica y de empleo de nuestro país».
El secretario de Acción Sindical y Comunicación de FeSMCUGT, Álvaro Vicioso, comunicó ayer que «casi la mitad de las personas acogidas a un ERTE en España en 2020 trabajaban en el sector del comercio y la hostelería», aunque apuntó que se ha registrado un «descenso notable» en los últimos meses. En abril de 2020, cuando se alcanzó el pico más alto de los ERTE, la cifra llegó hasta los 3,6 millones de afectados. Vicioso también quiso remarcar el dato que hacía alusión a que las mujeres son las más afectadas por esta suspensión temporal del trabajo, y defendió que «el ejercicio del diálogo social mediante la escucha, el acuerdo y el consenso debe prolongarse mucho más».
UGT, por su parte, aprovechó estos datos para poner en valor la utilidad de los ERTE, y remarcó que el objetivo de estos no es otro que el de «evitar los despidos y la destrucción de empleo». Por ello, los sindicatos defienden que se deben mantener hasta enero de 2022. En mayo ya se extendieron hasta el día 30 de septiembre, y ahora, el Gobierno y los agentes sociales se encuentran en negociaciones para que se produzca una nueva ampliación. Aunque ambas partes parecen estar de acuerdo, las dudas recaen sobre cómo deben ejecutarse a partir de ahora. Hoy tendrá lugar una reunión a la que el Gobierno se comprometió a llevar un texto normativo en el que se deben recoger (o no) las proposiciones de los agentes sociales.