ERC rescata la Ley electoral sin acordarla con JxCat
Los republicanos, dispuestos a abordar la fórmula electoral y otras cuestiones, como el voto joven y exterior
Tras 41 años bajo el régimen autonómico, Cataluña no ha conseguido elaborar una Ley electoral. Y eso que se ha intentado en varias ocasiones. Esquerra ha planteado ahora rescatar este debate y ha propuesto crear una ponencia conjunta en la que participen todos los grupos parlamentarios excepto Vox. ¿Cuál es el objetivo? Según desgranó ayer la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, el objetivo es aprobar una Ley integral que aborde la fórmula electoral y otras cuestiones como el voto joven, el voto exterior y cómo superar las obsolescencias que, a su juicio, tiene la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).
Si bien, lo va a tener complicado pese a que haya optado por una ponencia conjunta, en un gesto que busca la complicidad del resto de grupos. De entrada va a contar con la desconfianza del bloque constitucionalista; y, también va a tener que lidiar con las diferencias diferencias con sus socios de Govern, JxCat, ya que se ha lanzado a impulsar esta norma sin atarla con los posconvergentes, que tradicionalmente han sido la principal fuerza opositora al cambio. Vilalta emplazó al resto de grupos a implicarse en esta ley y que «no solo pongan la calculadora en marcha para maximizar sus votos» para poder encontrar puntos de consenso. El primer paso ha sido que ERC ha enviado una carta a todos los grupos, excepto Vox, para que se sumen a esta iniciativa y configurar la ponencia conjunta en la cámara catalana.
Y es que Cataluña es la única autonomía que sigue sin disponer de Ley electoral propia y tiene que regirse por la Loreg española. Las dificultades para hallar un consenso amplio (se requiere una mayoría cualificada de dos terceras partes de los diputados) entre los diferentes grupos parlamentarios han imposibilitado el alumbramiento de una normativa: el principal escollo se encuentra en el reparto de los escaños, que actualmente favorece manifiestamente a los independentistas y tienen pocos incentivos para llegar a un pacto con los constitucionalistas.
Los partidos nacionalistas tienen mayor apoyo en las zonas menos pobladas, mientras que los constitucionalistas ostentan mayor respaldo en las zonas más pobladas. Por poner un ejemplo: cada diputado en Barcelona cuesta cerca de 40.000 electores, mientras que en Lleida vale 20.000. Y por dar perspectiva: en Cataluña siempre ha ganado en votos el bloque contrario a la independencia, pero el Govern siempre ha estado integrado por formaciones nacionalistas (incluso cuando estuvo presidido por el PSC, fue en coalición con Esquerra). La cita electoral de este 2021 ha sido la primera vez en que el independentismo se ha impuesto en votos.
El PSC, partido imprescindible para que la nueva Ley pueda prosperar, ya ha advertido de que solo jugará la partida si se emprende una reforma profunda. «O elaboramos una Ley electoral completa o nada», afirman desde las filas socialistas, apuntando principalmente al sistema electoral y el reparto de escaños. Lo cierto es que los socialistas catalanes han sufrido los perjuicios de la normativa en dos ocasiones: en 1999 y en 2003 (aunque este año sí consiguieron la Generalitat con el president Pasqual Maragall), cuando vencieron en votos, pero perdieron en escaños porque Convergència sumó más diputados. En este sentido, cabe decir que los socialistas son bastante reticentes y creen que el bloque independentista no se avendrá a cambiar el sistema de reparto de escaños porque siempre les favorece.
El reparto de escaños actual favorece al bloque independentista, que gana en las zonas menos pobladas