El retroceso de las libertades en el mundo
LaLa democracia y el Estado de derecho están siendo atacados en muchas partes del mundo: desde Myanmar hasta Rusia, desde China hasta América Latina. Las autoridades de decenas de países utilizan medios arbitrarios para reforzar su control sobre el pueblo, y lo hacen con creciente sofisticación. En Rusia, donde las elecciones parlamentarias se celebraron el 19 de septiembre, el Kremlin inventó lo que denomina «estatus de agente extranjero», alegando que es como el establecido en EE UU por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. De hecho, cualquier ONG, medio de comunicación e incluso una persona privada puede ser designada como «agente extranjero» si recibe cualquier cantidadde «financiación extranjera» de cualquier lugar.
En 2015, la Fundación Dinastía, creada por un conocido filántropo ruso,
Dimitri Zimin, fundador del mayor operador de telefonía móvil de la nación, Vimpelcom, que distribuía becas para jóvenes científicos rusos, fue declarada «agente extranjero», ya que se financiaba a través de su fideicomiso familiar constituido en Chipre (la fundación finalizó sus operaciones ese mismo año). Golos [La Voz], una
ONG que registraba las irregularidades electorales y ayudaba a los candidatos independientes durante las campañas, también fue nombrada «agente extranjero» porque el Comité de Helsinki le concedió hace casi diez años el premio Sajarov.
A partir de este año, hasta 20 medios de comunicación (entre ellos algunos tan famosos como Dozhd’ TV, The Insider, VTimes.io y Vazhnye Istorii [Historias importantes]) recibieron el mismo estatus. La decisión fue tomada por el Ministerio de Justicia y puede ser, en teoría, recurrida ante los tribunales, pero no ha habido ningún caso exitoso de este tipo desde hace años. Los medios de comunicación designados como «agentes extranjeros» pueden trabajar «como antes», pero sus textos y vídeos deben estar marcados de forma especial aunque los utilicen otros; los anunciantes anunciantes deben mencionar que colaboran con el «agente extranjero»; a los periodistas y otros empleados se les niega la participación en casi cualquier actividad pública en todo el país. Los políticos occidentales suelen condenar esta práctica como una persecución extrajudicial de los librepensadores y disidentes rusos, mientras que dentro de Rusia más de 20 directores de medios respetados han solicitado al presidente Putin que modifique la ley vigente.
Pero justo al otro lado de la frontera, en Ucrania, que parece un refugio seguro para la libertad de expresión y los valores democráticos, una tendencia notablemente similar está ganando terreno en los últimos años. El presidente Volodimir Zelenski ha inventador ecientemente una técnica innovadora que utiliza ahora para silenciar a sus oponentes. En el caso de Ucrania, se trata de «sanciones» que las autoridades no imponen a países o extranjeros, sino a sus propias personas y empresas. Desde febrero de 2021, hasta un centenar de personas y una decena de organizaciones han sido incluidas en la «lista de sanciones», todo ello por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, un órgano formado por funcionarios nombrados por el presidente de Ucrania y presidido por él (antes las sanciones se utilizaban raramente y se dirigían a aquellos ciudadanos ucranianos que abandonaban el país y, por tanto, se volvían inalcanzables para las autoridades). En la actualidad, estas «sanciones» se aplican a tres diputados de la Rada Suprema (el Parlamento) y a varios medios, entre los que cabe mencionar el sitio web Strana.ua, con 24,5 millones de visitas al mes, tres canales de televisión nacionales (112 Ucrania, Zik y NewsOne), así como al menos siete de sus medios regionales. Los empresarios que poseen o controlan estos medios y son incluidos incluidos en las listas de sanciones, se enfrentan a la congelación de sus cuentas bancarias y de las licencias concedidas por el Estado, por lo que sus negocios quedan completamente desorganizados –y, debo repetir, que todo esto ocurre sin una decisión judicial ni una ley del Parlamento–. Las «sanciones» no siguen las sentencias judiciales, sino que las sustituyen. A diferencia de Rusia, donde se permite a los medios afectados trabajar hasta la quiebra, en Ucrania los reguladores nacionales bloquean los sitios web sancionados y desconectan las emisoras de radio y televisión (los periodistas de Strana.ua se ven obligados a cambiar el nombre de dominio de su medio casi todos los días para continuar con su actividad). La protección judicial en todos los casos existentes parece tan ineficaz como en Rusia: hasta ahora los tribunales no han anulado ninguna decisión de este tipo. Mientras Zelenski estaba de gira por EE UU, los periodistas afectados escribieron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que abordara el tema durante su reunión en la Casa Blanca con el líder ucraniano. El presidente de Freedom House, Michael Abramo-witz, mencionó el caso de las «sanciones» introducidas sin ninguna sentencia judicial en un mensaje especial al Gobierno de EE UU, pero tal y como se presentaron a la prensa los resultados de las conversaciones entre Biden y Zelenski, nada sugiere que estos temas se discutieran.
No diría que Ucrania ya se está convirtiendo en un estado autoritario que se parece a Rusia, pero es obvio que Zelenski está reforzando su control del poder. Desde su elección en 2019, la Oficina del Presidente (rebautizada como Administración Presidencial para permitir que Andriy Bohdan, a quien se le prohibió ocupar cargos de alto nivel al ser acusado de colaborar con el ex presidente Yanukovich, fuera nombrado su jefe) y el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa se convirtieron en los centros de toma de decisiones más influyentes del país.
«Las autoridades utilizan medios arbitrarios para reforzar su control»
«En el caso de Ucrania, se trata de ‘sanciones’ a diputados y medios»
Vladislav L. Inozemtsev es catedrático de Economía Internacional, fundador y director del Centro de Estudios Postindustriales, un «think tank» con sede en Moscú