Obligan a Aena a bajar los alquileres comerciales y perderá 1.500 millones
El Congreso ordena al gestor reducir los precios para ajustarlos a la caída de actividad
Varapalo, y de los grandes, para las cuentas de Aena. La oposición en bloque -PP, Vox, ERC, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, Junts y Nueva Canarias- votó ayer en el Congreso a favor de la enmienda que obligará al gestor aeroportuario a rebajar las rentas que cobra por los alquileres de locales en los aeropuertos para ajustarlas a la caída de la actividad. Un recorte que, según ha estimado la propia compañía, le privará de ingresar 1.500 millones de euros en los próximos cinco años, según explicó en un hecho relevante remitido a la CNMV tras la votación, en el que advirtió de que emprenderá acciones legales para frenar la rebaja. El PSOE, que había votado en contra en el Senado, decidió abstenerse ayer al igual que su socio de Gobierno, Podemos.
El origen de la enmienda, impulsada por Nueva Canarias, es la disputa que mantiene Aena con los operadores de las áreas comerciales de sus aeropuertos por los alquileres de los locales. Para paliar las caídas de ingresos por la falta de actividad aeroportuaria, el gestor ofreció rebajas en 2020 y 2021 de lo que se denominan Rentas Mínimas Garantizadas Anuales (RMGA) por 800 millones de euros a los operadores. Pero los inquilinos, sobre todo los grandes, entre los que se encuentran Dufry, Áreas 2021 o SSP, se han opuesto frontalmente al ofrecimiento y han reclamado siempre un mayor descuento, que ahora podrán obtener. La multinacional suiza Dufry acumula el 54% de las RMGA de Aena en 2021; Áreas suma otro 15% y SSP un 6%. Entre las tres acumulan tres cuartas partes de la RMGA de Aena, lo que les reportará un ahorro aproximado de 1.100 millones hasta 2025.
Durante el debate en la Cámara Baja, toda la oposición criticó con dureza la gestión del equipo directivo de Aena de este asunto. El PP defendió la modificación de los contratos para ajustarlos al tráfico pues, dijo, «es algo justo, razonable, equilibrado, legal, y ajustado al interés general». «La situación de Aena no se puede entender», abundó Ferrán Bel (PDeCAT), mientras que Ignacio López-Bas, de Ciudadanos, dijo que Adif sí ha adoptado medidas similares a la enmienda en cuestión. «Aena no debiera haber desoído olímpicamente la voz de la soberanía popular», aseveró Joan Capdevila (ERC), recordando que, por unanimidad, ya se pidieron «acuerdos razonables». También criticó el «sentimiento de superioridad» del operador aeroportuario Pedro Quevedo (NC). «Esto no debería haber llegado aquí», corroboró Txema Guijarro, de Podemos, que cree que «el Estado debería tener una actitud ejemplar» a la hora de modificar los contratos ante esta situación sobrevenida y que, con la enmienda, «se lanza un poderoso mensaje: Tiene usted que negociar, señor Lucena», en referencia al presidente de Aena. El PNV la avaló por una cuestión «de equidad», recordando que las Administraciones han exigido al sector privado adaptar los contratos de alquiler a los comercios.
Aunque los grandes operadores comerciales serán los principales beneficiados por esta medida, no serán los únicos. Pese a que Aena asegura que de los 120 que trabajan en los aeropuertos 90 -sobre todo pequeños comercios- han aceptado la propuesta, lo que supone el 70 % del total de contratos afectados; el presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), Manuel Zea, ha asegurado en los últimos días que la aprobación de la enmienda «sería un alivio para la mediana y pequeña empresa» y «facilitaría la recuperación de puestos de trabajo junto a la generación de ingresos tanto para Aena como para los operadores». Zea ha asegurado que más del 70% de las empresas que trabajan en ese entorno son pequeñas y medianas empresas familiares, aunque sólo representan el 15% del volumen del negocio comercial.