SEPI: casi 4.000 millones de ayudas sin resolver de más de 60 empresas
La sociedad pública ha rescatado a siete compañías por 1.347 millones de euros, el 13% de los 10.000 millones de que dispone
Los expedientes de petición de ayuda de las empresas se acumulan en las oficinas de la SEPI. La sociedad pública que gestiona el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que levantó el Gobierno para combatir la crisis del coronavirus tiene todavía decenas de expedientes pendientes de evacuar. Concretamente, más de 60, que han solicitado fondos que se acercan a los 4.000 millones de euros, según fuentes empresariales.
En una respuesta parlamentaria del pasado 22 de julio, el Gobierno cifraba en 66 el número de compañías que se han dirigido a la SEPI en busca de ayuda desde agosto del año pasado, cuando el fondo se activó. En total, y contando la luz verde dada esta misma semana por la sociedad a la ayuda a Hotusa por 241 millones de euros, son siete las compañías que han sido rescatadas: Air Europa (475 millones) Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120 millones), Tubos Reunidos (113 millones), Plus Ultra (53 millones) y Rugui Steel (25 millones). Desde entonces, sin embargo, compañías como Siro o Áreas, que se sepa, se han sumado a las peticionarias de ayuda.
Entre los expedientes que están pendientes quedan algunos tan voluminosos con el de la siderúrgica catalana Celsa. El grupo solicitó una inyección de fondos de 700 millones de euros el año pasado y sigue esperando, pero algunas fuentes aseguran que la SEPI no le concederá más de 500 millones o incluso menos. Aunque el rescate parecía hecho en primavera, las negociaciones con los bancos están dificultando al acuerdo. También faltan por dilucidar otras de importante cuantía como las del Grupo Villar Mir (400 millones), Técnicas Reunidas (290) o Mediapro (203).
Ampliación de plazo
Es bastante probable, además, que el número de peticiones de rescate se incremente de forma notable puesto que aunque el plazo para pedir estas ayudas vence el 31 de diciembre, la Comisión Europea está consultando a los países de la Unión Europea la posibilidad de ampliar el horizonte temporal para presentar las solicitudes y en el Gobierno dan por hecho que los países darán luz verde a esta prórroga.
En total, y contando los 241 millones de Hotusa, que están pendientes de los últimos coletazos; la SEPI ha concedido préstamos por valor de 1.347 millones de euros, lo que representa un 13% de los 10.000 millones de euros con los que está dotado el fondo.
Algunos sectores empresariales han achacado la lentitud en la tramitación de los expedientes al polémico rescate de Plus Ultra, que provocó un evidente parón temporal en la concesión de ayudas. Fuentes de la sociedad, sin embargo, aseguran que han ampliado sus medios humanos y materiales en los últimos meses para la resolución de expedientes con la contratación de personal interino, en concreto 29 titulados superiores que comenzaron a prestar sus servicios hace nueve meses, así como de profesionales de firmas de asesoría externa que analizan y evalúan de forma independiente la viabilidad financiera y jurídica de cada una de las operaciones planteadas. Los asesores externos son contratados para cada solicitud de apoyo financiero que recibe el Fondo en el ámbito de un contrato marco del que forman parte desde marzo pasado 40 despachos y consultoras previamente seleccionados con este propósito.
Complejidad
Desde la compañía pública insisten en que cada uno de los rescates es de una gran complejidad. El estudio de las operaciones se inicia a petición de la empresa, que debe presentar una amplia información sobre su actividad económica y el sector al que pertenece, el impacto sufrido por la pandemia y el plan de viabilidad para superarla, incluyendo el apoyo financiero público temporal requerido para alcanzar su viabilidad estableciendo la forma y la fecha de devolución de dichos fondos. A partir de esta información, la SEPI analiza la documentación para determinar en una fase preliminar si la información es suficiente o se requiere la subsanación por parte de la empresa para ampliar aspectos concretos requeridos para el análisis.
Con posterioridad, se contrata a dos asesores independientes, uno financiero y otro jurídico, a través de una licitación pública, para estudiar si se cumplen los criterios de elegibilidad contem
plados en la normativa, además de analizar la situación precovid de la empresa, el impacto de la pandemia y la suficiencia del plan de viabilidad. El análisis requiere estudiar el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados. Este análisis incluye también las perspectivas de la empresa solicitante de la ayuda y las que envuelven al ámbito de actividad en que se desenvuelve, su impacto económico y social tanto regional como nacional, su importancia para la economía, sus riesgos medioambientales y su plan de transición ecológica, todo ello de acuerdo con la regulación del Fondo, con miras a verificar la concurrencia de todos los requisitos de elegibilidad que llevan a conceder o denegar el apoyo financiero solicitado.
Para concluir, la sociedad debe elaborar los informes preceptivos y los contratos del apoyo financiero público temporal, estableciendo las condiciones de la financiación y los compromisos asumidos por la empresa, antes de elevar la propuesta de resolución al Consejo Gestor que, si la estima, la eleva al Consejo de Ministros para su autorización.