Reabierta la investigación contra Ghali por genocidio
La Audiencia dice que Pedraz no era competente para archivarla
El juez Santiago Pedraz tendrá que reabrir la investigación contra Brahim Ghali por genocidio, una de las dos causas que mantenía abiertas contra el líder del Frente Polisario hasta que el pasado julio decidió archivarla. Ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado ese sobreseimiento esgrimiendo que no el magistrado no era competente para dar carpetazo a la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) y varias víctimas.
El tribunal –que estima así parcialmente los recursos presentados por los querellantes– considera que la causa debió instruirse como sumario y no como procedimiento abreviado (a tenor de los delitos investigados y las penas que acarrean). Y en el sumario, recuerda la Sala, el instructor únicamente puede dictar auto de conclusión del mismo, con o sin procesamiento de los investigados, quedando a criterio de la Sala de lo Penal de forma «exclusiva» el archivo de las actuaciones.
Ahora, Pedraz deberá transformar esas diligencias en sumario y tras cerrar el mismo, de nuevo (previsiblemente) sin el procesamiento de Ghali, será la Sala de lo Penal la que tenga que pronunciarse pronunciarse sobre el sobreseimiento de la investigación.
En la resolución en la que acordaba el archivo de la querella de Asadedh y de varias víctimas contra Ghali y otros 27 dirigentes del Frente Polisario y de los servicios de seguridad argelinos (contra estos el juez no acordó el archivo de la investigación), Pedraz argumentó que no se había acreditado la existencia de indicios de un delito de genocidio y que los testimonios de los testigos que comparecieron contradecían las afirmaciones que se sostienen en la querella. El instructor esgrimía asimismo que los hechos denunciados, acaecidos entre 1975 y 1990, están ya prescritos en aplicación del Código Penal vigente en el momento de cometerse, de 1973, al haber pasado más de 20 años desde entonces.
La denuncia imputa a los querellados delitos de genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones. Asadedh y los tres particulares denunciantes (ahora ya son siete) identifican a 89 víctimas de esas supuestas torturas, aunque la lista –advertían– es «desesperadamente extensa». Todos ellos residían en Al Aaiún (Sahara Occidental) en el momento de interponerse las acciones judiciales.
Los querellantes denunciaban «el trato sufrido por los prisioneros de guerra así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario» y calificaban lo ocurrido en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) como «uno de los casos más escandalosos de los últimos 30 años de violación de derechos humanos en el Magreb».
La decisión judicial se ha conocido despues de que trascendiese ayer que Arancha González Laya no quiere comparecer ante el juez que investiga la entrada de Ghali en España y ha solicitado, a través de la Abogacía del Estado, declarar como investigada el próximo lunes por videoconferencia aduciendo «compromisos profesionales».
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, no se ha pronunciado aún sobre esa petición de la ex ministra, pero las acusaciones populares ya se han opuesto a que Laya no acuda personalmente a los juzgados.
Laya pide declarar ante el juez por videoconferencia por «compromisos profesionales»