La Razón (Cataluña)

Intervenci­ón del alquiler y carga para los propietari­os

► El Gobierno obligará a las empresas de vivienda a bajar el precio en zonas tensionada­s y a los particular­es a congelarlo­s. Recargará un 150% el IBI de las viviendas vacías y aprobará un bono joven de 250 euros al mes

- R. L. Vargas / A. Martínez,

PedroPedro Sánchez tendrá muy probableme­nte sus Presupuest­os. Esos que segurament­e le permitirán agotar la legislatur­a. Pero no le han salido gratis. El PSOE ha tenido que hacer concesione­s para que su socio de coalición, Podemos, trague con las cuentas. Y lo ha hecho especialme­nte en la Ley de Vivienda, que la formación morada había apuntado como una de las líneas rojas para sacar adelante el acuerdo. Porque, al final, y a pesar de todo lo dicho, la nueva norma recogerá la tan deseada intervenci­ón de los precios del alquiler que ansiaba Podemos y que, a la postre, supone cargar sobre los propietari­os el problema.

El acuerdo contempla la regulación del precio del alquiler para bajar las rentas a las viviendas en manos de grandes propietari­os en zonas de mercado tensionado. Las comunidade­s serán las que tengan que solicitar al Gobierno la declaració­n de zonas de mercado de alquiler tensionado, que serán aquellas en las que se aplicará a estos propietari­os la regulación de precios, en función de los índices oficiales de referencia, según avanzó el ministro de Presidenci­a, Félix Bolaños. Fuentes de Moncloa aclararon que en la categoría de grandes propietari­os afectados por esta medida sólo entrarán las personas jurídicas, es detambién cir, las empresas que posean al menos diez propiedade­s; y no las físicas aunque su patrimonio en alquiler sobrepase esa cifra.

Para las personas físicas propietari­as, y con independen­cia del número de inmuebles que tengan en alquiler, el pacto contempla que los congelen y prevé la vía de la «incentivos fiscales» de cara a que puedan reducir el precio del arrendamie­nto en las zonas con rentas muy tensionada­s. Bolaños aseguró que hay «un paquete muy potente de bonificaci­ones fiscales para los propietari­os, para incentivar la reduccione­s de los precios». Estas podrán llegar al 90% de la bonificaci­ón de las rentas que obtengan en caso de bajar precio respecto al contrato anterior, como propuso hace meses el Ministerio de Transporte­s, (Mitma).

Pese a que Unidas Podemos ha evidenciad­o una especial obsesión con los grandes tenedores durante toda la negociació­n por considerar­los los principale­s responsabl­es de la espiral alcista de los alquileres, la realidad es que el impacto de este segmento en el mercado inmobiliar­io español es más que limitado. Estos propietari­os acumulan de forma conjunta apenas 110.000 casas en España, una cifra que supone poco más del 4 % de «stock», según se desprende de un informe elaborado por la consultora inmobiliar­ia Atlas Real Estate Analytics.

Para estimular la salida de más unidades al mercado de alquiler, el acuerdo establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamien­tos. En un primer momento, el PSOE había planteado un recargo del 50% para aquellas viviendas que permanezca­n vacías al menos dos años y para aquellos propietari­os que tuvieran al menos cuatro inmuebles en propiedad. El documento establecía excepcione­s como el traslado temporal por trabajo o de formación o el cambio de domicilio por razón de dependenci­a, salud o emergencia social.

Junto al documento, que establece la reserva del 30% de todas las promocione­s para vivienda protegida, también se va a aprobar la creación de un «bono joven» de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, al que podrán acceder los jóvenes entre 28 y 35 años que tengan ingresos inferiores a 23.750 euros, según anunció el presidente del Gobierno desde Sevilla.

►El Gobierno incluirá la fijación de un tipo mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades, tal y como exigía el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos. Para lograr este acuerdo los socios han aducido que nuestro país debe adaptarse al consenso internacio­nal y las recomendac­iones de la OCDE y la Comisión Europea, que recomienda­n fijarlo en el 15%. Esta decisión se ha tomado al margen de la reforma fiscal que está analizando un comité de expertos, quienes deberán exponer sus conclusion­es en febrero de 2022 para que posteriorm­ente sean estudiadas por el Gobierno y puesta en práctica, según prometiero­n, antes de final de la legislatur­a. Esta semana, la Agencia Tributaria a partir de la informació­n del modelo 231 de declaració­n País por País, el conjunto de las 122 multinacio­nales con facturació­n anual superior a 750 millones y matriz española declararon en 2018 un pago de 16.800 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, lo que supone un 18,3% de su beneficio a nivel global. También detallaba que el 16% de estas randes empresas declararon haber pagado en el mundo una media del 1,9% de su beneficio global.

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ALBERTO R. ROLDÁN Un hombre pasa por delante de varios edificios en construcci­ón

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