Los funcionarios volverán a perder poder adquisitivo

► Los sindicatos consideran un «desprecio» la subida del 2% ofrecida por el Gobierno

Rechazo frontal de todos los sindicatos a la subida salarial pactada por los dos socios del Gobierno. Como adelantó LA RAZÓN, Hacienda anunció ayer un alza del 2% para los empleados públicos en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2022. La reunión con los sindicatos CSIF y UGT, y a la que no acudió CC OO para expresar su desacuerdo ante lo que considera un «desprecio» para los funcionarios, fue meramente informativa ya que no se dejó resquicio alguno a la negociación, según indicaron fuentes presentes en la misma. De hecho, los tres sindicatos representativos de las administraciones públicas fían cualquier avance más allá de ese 2% en la tramitación parlamentaria de los PGE.

Mientras, todos ellos expresaron con mayor o menor vehemencia su disconformidad con la subida, que consideran «insuficiente» y que aboca a los empleados públicos – casi tres millones de trabajadores– a volver a perder capacidad adquisitiva puesto que todos los indicadores apuntan a una persistente tensión en los precios de las materias primas y los hidrocarburos al menos durante el primer semestre del año, lo que afectará a las previsiones de IPC del Gobierno, que no contempla que los precios crezcan mucho más que ese 2%. Sin embargo, como recuerdan desde CSIF el Ejecutivo ya ha errado en sus pronósticos sobre la inflación para el presente ejercicio, en el que la subida salarial para los casi tres millones de empleados públicos fue del 0,9% –aunque en un principio se contempló la congelación–, lo que implica que los funcionarios pierdan capacidad de compra.

Sin embargo, al Gobierno parece no preocuparle, en un momento en el que solo hay elecciones autonómicas en el horizonte en Andalucía, y a finales de 2022. Hasta la ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha deslizado que un escenario de IPC en el 3%, el más probable, «no es exorbitante». Para Calviño es prematuro comenzar a considerar que «un poco de inflación es un problema».

Pero para los empleados públicos, la inflación sí lo es. Un problema que arrastran desde hace años y que, por una crisis u otra, no logran encauzar. UGT ha criticado la subida salarial para 2022 porque supondrá «una nueva pérdida de poder adquisitivo que se sumará a la experimentada este año». Por su parte, CSIF la ha rechazado de plano y CC OO exigió al Gobierno que «modifique inmediatamente su actitud ante la farsa y el desprecio mostrados» a los empleados públicos.

CSIF recuerda la pérdida de poder adquisitivo que ha experimentado el colectivo de trabajadores públicos (2.710.405 en el último registro) en los últimos años, y que elevan hasta el 10%. Por ello, el sindicato plantea una senda de crecimiento para los dos años que restan de legislatura con la que se permitiera solventar esta carencia. Fuentes de CSIF señalan que la subida debería incluso superar con creces el 3% y que de no llevarse a cabo «el Gobierno transmitiría una mala señal». En los últimos diez años los funcionarios de A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros de capacidad adquisitiva; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…) 40.478,87 euros y los C1 (Policía Local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros. Estas cantidades, equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales. En términos porcentuales, los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010.

En lo que se refiere a la oferta de empleo público para el próximo año, Función Pública incrementa su propuesta inicial estableciendo un 110% de tasa ordinaria; un 120% para los sectores prioritarios y Administración Local con deuda financiera satisfecha y un 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La subida de este año fue del 0,9% y los pronósticos apuntan a que la inflación llegará al menos al 3%

«Exigimos al Gobierno que dé marcha atrás ante este desprecio a los funcionarios», indicó CC OO