Ultimátum de Díaz a la patronal por la reforma laboral
► Exige que el texto esté pactado en noviembre ► El tope máximo del 15% a la temporalidad, un nuevo obstáculo
«Les anticipo que los trabajos van rápidos y ágiles. En el mes de noviembre han de estar culminados. Esta es la obligación que tenemos y lo que nos exigen desde Bruselas». Con esta contundencia ha puesto fecha a la aprobación de un texto definitivo para la reforma laboral la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha advertido a los empresarios que «no puede haber demoras si queremos que lleguen los fondos europeos», insistió a modo de ultimátum.
La vicepresidenta segunda hizo estas declaraciones a su llegada en la reunión de ministros de Empleo de los Veintisiete. Allí volvió a insistir en que la reforma que pretende no se reducirá a unos retoques de los aspectos más lesivos, sino que será «una reforma estructural como no se ha hecho en 42 años», con el objetivo de «modernizar el mercado de trabajo y sobre todo de abordar sus principales problemas».
Pero los empresarios no se sentarán esta vez con la mejor de las disposiciones después de los varapalos consecutivos que han sufrido en las últimas negociaciones, de las que únicamente la prórroga de los ERTE se ha saldado con un acuerdo, aunque de mínimos, para dar margen a que se dé un nuevo paso a este tipo de expedientes. Pero la decisión de Díaz de elevar el salario mínimo desde el 1 de septiembre ha roto el clima de entendimiento que se vivía hasta ahora. Un enrarecimiento de las relaciones que se ha visto agravada esta semana con la última propuesta lanzada por la ministra: que la contratación temporal no podrá superar el 15% de la plantilla anual de cada empresa. Según las intenciones del Ministerio, el máximo se calculará con la suma del número de contratos vigentes a 31 de diciembre y los que se hayan extinguido, sea cual sea su modalidad, con el componente adicional de que solo podrán justificarse los empleos temporales cuando haya un «incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa» y para «sustituir a una persona con derecho a reserva de su puesto de trabajo», según reza el borrador presentado a los agentes sociales. La patronal ya ha dicho que no apoyará esa propuesta «ni ninguna que socave la libertad empresarial».
Pero Díaz les recuerda que solamente se dejará una parte de la reforma estructural para el primer trimestre de 2022, la Ley de Empleo, pero «todo lo demás debe cerrarse ahora», porque en juego está el «desbloqueo de 12.000 millones», que están ligados a la aprobación de la esperada reforma laboral.