«Un sana sociedad democrática no se puede permitir que se homenajee como héroes a terroristas»
Asegura que el PSOE necesita blanquear al líder de EH Bildu para «justificar el pacto con los herederos del brazo institucional de ETA»
EnEn el décimo aniversario del fin de ETA, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), recuerda las palabras de un simpatizante abertzale tras un juicio: «Letrada, no se equivoque, quien cuente la historia ganará». Y en ese empeño por evitar el blanqueamiento de la organización terrorista y por preservar la memoria y la dignidad de las víctimas, ha escrito «Avances y carencias en la protección jurídica a las víctimas del terrorismo» (Editorial Colex). Porque, como ella mismo dice, todavía queda mucho camino por recorrer.
¿Las víctimas se creen el pesar de Otegi?
Las víctimas no se creen el perdón de Otegi, porque no lo ha pedido. Es una estrategia de Otegi en la que hay otros agentes interesados. No es casualidad que el único partido que ha valorado positivamente su declaración haya sido el PSOE. Al final al PSOE, que se mantiene en el Gobierno gracias al apoyo de EH Bildu, le interesa también el blanqueamiento de Otegi y de esa formación política para blanquear el pacto que tiene con los herederos del brazo institucional de ETA.
Tras el fin de ETA, uno de los principales objetivos de las víctimas es que los terroristas y quienes les apoyan no impongan su relato.
Sí. El relato es muy importante y lo estamos viendo ahora. Parecía que era unánime que si ETA había anunciado el cese de la actividad armada era porque estaba derrotada, y ahora nos estamos encontrando relatos que nos quieren decir que si ETA hizo esa declaración fue gracias a un gesto de buena voluntad, o a que el Gobierno de entonces negociaba con ellos. Fue una decisión puramente estratégica para sacar rédito político.
¿Están desamparadas las víctimas frente a los homenajes y recibimientos a etarras?
Frente a eso en concreto, sí. Lo estamos viendo. Tanto por la vía penal como por la administrativa está siendo muy difícil atajar este tipo de actos que tanto dolor provocan en las víctimas del terrorismo. Y en esto sí que están desamparadas y tampoco vemos que nadie haga nada para evitarlo. Nosotros llevamos tiempo denunciándolo. De aquí a diez años cien presos saldrán de prisión por cumplimiento de sus condenas. Eso serán veinte homenajes que habrá en las calles cada año. Lo llevamos avisando: eso va a seguir ocurriendo. Algo habrá que hacer para evitarlo. Una sociedad democrática sana no se puede permitir que los terroristas sean homenajeados como héroes.
Considera que la Justicia ha levantado el pie contra estos actos tras el fin de ETA?
La Justicia ha levantado el pie, pero no por el fin de ETA, sino por la propia jurisprudencia que se ha fijado. En 2016 hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que si bien confirmaba una condena a Tasio Erkizia por enaltecimiento del terrorismo, su fundamentación era que existía un riesgo de violencia porque ETA no se había disuelto. Claro, en el momento que ETA se disuelve, se vuelve en nuestra contra. También la directiva europea contra el terrorismo de 2017 vincula la posibilidad de limitar el derecho a la libertad de expresión en estos casos siempre y cuando exista ese riesgo de violencia. La interpretación que se hace una vez ETA se disuelve es que ya no existe ese riesgo cierto y por eso la vía penal está bastante limitada.
Una histórica reivindicación de las víctimas es tener mayor presencia en las decisiones sobre la ejecución de las penas. Ahora solo pueden ser escuchadas cuando se concede la libertad provisional. ¿Es suficiente?
No. En absoluto. De hecho, cuando en 2015 se está tramitando el Estatuto Estatuto de la Víctima una de nuestras propuestas era potenciar la participación de la víctima en la ejecución porque una vez se dicta la sentencia, las víctimas desaparecían y solo queda el preso y el Ministerio Fiscal. Al final, a efectos prácticos lo único que se puede recurrir es la libertad condicional. Nosotros hemos solicitado ampliar los supuestos de recurso al tercer grado y a la flexibilización de los grados siempre que implique la salida de prisión, básicamente la vía del 100.2.
Diez años después del fin de ETA, ¿cuántos asesinatos de la banda terrorista siguen sin resolverse?
Son 315. Desde que en 2011 hiciéramos el informe para la Fundación de Víctimas y dimos una cifra de 324 hemos ido revisándolo. En la AVT se nos encomendó que se revisaran los casos y eso hemos hecho en estos diez años. Nos quedan por revisar 112 casos en 96 sumarios, en su mayoría en los que no estaba personada la AVT. Hemos revisado 741 asesinatos en 508 procedimientos.
La reforma de la Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011 está pendiente de reformar. Habla usted de que esa demora está provocando «situaciones hirientes». ¿Cúales son las principales carencias?
Por ejemplo, la ley establece un plazo de un año para presentar las solicitudes de reconocimiento como víctima y las indemnizaciones. Así en abstracto puede parecer mucho, pero nos estamos encontrando con muchos casos en los que a las víctimas se les pasa el plazo porque a veces el superviviente también sufrió el atentado y hasta que se recupera y asume la pérdida ya se le ha pasado el plazo. Luego también las desigualdades que hay entre las víctimas que sufren atentados en España y la que los sufren en el extranjero, pues dependiendo de si afecta a intereses españoles los porcentajes de indemnización son menores. Asimismo, las ayudas psicológicas están limitada sauna cantidad, pero hay víctimas que necesitan una asistencia prolongada en el tiempo.