Residencia y permiso de trabajo para 15.000 menas y extutelados
Podrán acceder al mercado desde los 16 años y obtener los papeles en 3 meses
A través de un real decreto, el Gobierno modificará el Reglamento de Extranjería y flexibilizará los requisitos exigidos a menores no acompañados (menas) y extutelados para obtener la residencia y el permiso de trabajo. Con este anuncio, tras meses de parálisis, el Ejecutivo da luz verde a un texto al que se opuso el ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska por el posible efecto llamada de la medida.
Según explicó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, «podrán beneficiarse unos 15.000 jóvenes, 8.000 menores no acompañados (mena) y 7.000 jóvenes de entre 18 y 23 años». Según detalló, la normativa «se ha consensuado con las comunidades autónomas y con la sociedad civil» y su objetivo es favorecer la «integración de menores y extutelados» para «evitar que se vean abocados a la irregularidad» al llegar a la mayoría de edad.
Según explicó Rodríguez, la modificación ha tenido en cuenta el dictamen del Consejo de Estado, sin embargo, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá –impulsor de la Ley– no compareció para explicar uno de los decretos más complicados –que lleva meses retrasándose– retrasándose– por el posible efecto llamada de la medida y que llega con cientos de menores atrapados en Ceuta tras la llegada masiva del mes de julio y con unas cifras de llegadas irregulares en 2021 superiores a las del ejercicio anterior. La modificación plantea rebajar parte de los requisitos exigidos reduciendo los plazos y los requisitos económicos, aumentando la vigencia de esos permisos de residencia y facilitando el acceso a un empleo a partir de los 16 años. En concreto, se modifican los artículos 196, 197 y 198 para evitar que muchos jóvenes se vean abocados a la irregularidad al cumplir los 18 años.
La reforma del artículo 196 del Reglamento simplificará el procedimiento para documentar a los menores: se reduce el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno de 9 a 3 meses y, cuando se supere ese plazo, las oficinas de extranjería documentarán de oficio a estas personas. personas. Si se procede a su repatriación, se extinguiría la autorización concedida. Con la modificación de los artículos 197 y 198 del Reglamento de Extranjería se crea un régimen propio para los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad. Otra de las modificaciones está relacionada con los requisitos económicos para acceder a la regulación, que en la actualidad oscilan entre unos 500 y 2.000 euros al mes, y que se reducen a unos ingresos inferiores a 500 euros al mes o no serán necesarios si se está respaldado por una ONG.
Según detalló ayer el Ministerio de Inclusión, a través de un comunicado posterior a la aprobación de la nueva normativa, un total de once comunidades autónomas participaron activamente en la tramitación del decreto. No en vano, son las comunidades autónomas a las que entran irregularmente los menores las que se tienen que hacerse cargo de los menores con la consecuente tensión para los sistemas de acogida.
Tras la luz verde a la normativa, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se mostró «satisfecho», dado que la a Institución lleva pidiendo desde hace 10 años la modificación de la Ley.
La normativa es una victoria del ministro de Inclusión frente al de Interior