Juristas censuran la nueva ofensiva de Podemos contra las instituciones
► La inhabilitación del diputado morado Alberto Rodríguez desata un choque de trenes entre los poderes del Estado
UnidasUnidas Podemos interrumpió en la política española exigiendo con vehemencia que cualquier diputado imputado fuera apartado de su cargo ipso facto. Sin embargo, una vez en el Gobierno los morados sufren de amnesia ya que cada vez que algún cargo de la formación es condenado por la Justicia –algo habitual en los últimos meses– la formación ataca al Estado y a sus Instituciones. Pasó, por ejemplo, con la diputada madrileña Isa Serra, condenada por su enfrentamiento con una mujer policía. Ahora, la condena al diputado canario Alberto Rodríguez y su inhabilitación vuelven a ser la excusa de la formación que dirige Ione Belarra para cargar contra el estado de derecho y la independencia de los órganos institucionales, generando a la vez una fisura en las costuras de la coalición de gobierno.
Los expertos consultados por LA RAZÓN son rotundos: las sentencias hay que cumplirlas y si no estás conforme cabe la posibilidad de recurrirlas. En ningún caso poner en duda el sistema. José Manuel Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, asegura que «uno de los parámetros básicos para observar si existe una democracia consolidada en un país es el respeto por parte de los distintos órganos constitucionales del uno al otro». Por lo tanto, el Gobierno jamás puede inmiscuirse en una decisión judicial ni al contrario. En su opinión, la querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, tras la decisión de retirarle el escaño al diputado Rodríguez cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo «carece absolutamente de sentido y demuestra el poco respeto que el socio del Gobierno tiene a las instituciones. Algo que, evidentemente, va en su propio ADN». En la misma línea, José Luis Villar, doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, defiende que «no hay colisión entre lo que dicen los letrados del Congreso y el Supremo», ya que según explica «el Supremo dicta una sentencia y dice cómo se tiene que ejecutar, y nos guste o no nos guste, hay que hacerlo. Así es el sistema y el estado de derecho, y si Unidas Podemos no entiende que así va el sistema, vamos muy mal». Ambos coinciden en que el diputado canario recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde al igual que los condenados por el «procés» intentarán menoscabar la independencia judicial española. Por otro lado, y respecto al mensaje que estos ataques lanzan hacia la ciudadanía, Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros, señala que desde luego «no es positivo» que los ciudadanos tengan la concepción de que las instituciones o los poderes del Estado se contradicen o chocan. Sin embargo, considera «que lo importante no es la unidad de acción, sino que los instrumentos del Estado de Derecho permitan que, en cualquier caso, prepondere la legalidad y la razón ante cualquier discrepancia».
No es el primer ataque de Podemos al poder judicial. En el primer discurso que pronunció el entonces líder del partido morado, Pablo Iglesias, como secretario de la formación dejó claro que su prioridad era «abrir el candado del 78» y cambiar el sistema político. Desde dentro las instituciones los morados atacan con frecuencia a la monarquía parlamentaria y ponen en tela de juicio al sistema judicial.
Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió el viernes un comunicado reprochando a la ministra de Derechos Sociales y actual líder de la formación, Ione Belarra, un mensaje en redes sociales donde cuestionaba la sentencia condenatoria del TS contra el diputado canario, meses antes el órgano de los jueces arremetía contra Iglesias por sus declaraciones sobre la condena a Isa Serra en las que ponía en tela de juicio la imparcialidad de los jueces.
También su socio de gobierno da un toque a los morados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, apostó ayer por «no judicializar la vida política», en referencia a la querella de los morados a la presidenta del Congreso. Este nuevo choque entre el Gobierno, su socio y los poderes del Estado deja a la coalición en una situación delicada –coincidiendo con la negociación de las Cuentas– pese a que la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, trató ayer de bajar el suflé y defendió el buen estado de salud de la coalición.
El respeto entre los distintos órganos constitucionales es un parámetro básico de una democracia»
José Manuel Vera
Catedrático de Dcho. Constitucional
El Supremo dicta una sentencia y dice cómo se tiene que ejecutar. Y nos guste o no, hay que hacerlo»
José Luis Villar
Profesor de Dcho. Administrativo