Un lastre para la competitividad española
LaLa actual coyuntura económica, más allá de las incertidumbres principalmente asociadas a la pandemia y a la desaceleración de la economía china, está marcada por los crecientes riesgos en torno a la inflación. En concreto, ésta ha repuntado por encima de las expectativas por la combinación de factores de demanda y la persistencia de las disrupciones de oferta generadas por la crisis sanitaria. La recuperación sostenida del consumo ha ido acompañada de cuellos de botella en las cadenas de valor y suministro, el incremento del coste del transporte de mercancías y de las materias primas básicas y la crisis energética.
De esta forma, se ha producido un significativo incremento del nivel de precios en EE UU, la Eurozona y Reino Unido, situándose en niveles no observados en los últimos 13 años, a la que no es ajeno nuestro país. En concreto, la inflación en España en septiembre ha repuntado hasta un 4,0% anual, su mayor nivel desde 2008, superando a la de la zona monetaria y la de países como Italia y Francia. Una circunstancia que condiciona a la baja la competitividad de la economía española a corto plazo. Por ello, será determinante para perfilar su tendencia futura la duración de la disrupción de las cadenas de valor, la evolución del precio de la energía, al porcentaje de empresas que se ven obligadas a trasladar el aumento de costes a los consumidores finales y a cómo transiten las expectativas de los agentes económicos, entre otros factores.
De ahí que, si persiste esta tendencia en los próximos meses, especialmente el encarecimiento de la energía por su efecto sobre otras ramas de la actividad y peso en la cesta de la compra, se producirá una mayor pérdida de la renta disponible de los hogares, una contracción de los márgenes empresariales y un deterioro de la confianza del sector privado.
Una circunstancia que podría reducir las expectativas de crecimiento y la generación de empleo, retrasando la recuperación de la economía española y de su mercado laboral. Al mismo tiempo que si se producen efectos de segunda ronda podría lastrar la competitividad, especialmente si adoptan medidas que añaden nuevos costes a las empresas y no se realizan reformas estructurales que impulsen la productividad del tejido empresarial.