Borràs busca blindarse en el Parlament por su imputación
► La presidenta de la Cámara se queda sola en su intento de reformar el reglamento frente a una posible condena
El Parlament fue ayer el escenario de una nueva polémica por parte del independentismo, un vodevil político con su presidenta, Laura Borràs (Junts), en el punto de mira. Los servicios jurídicos elaboraron una propuesta de reforma del reglamento de la cámara catalana a petición de la Mesa –bajo el pretexto de que fuese de carácter «técnico» y «lingüístico»– que a la práctica permitiría blindar a la presidenta de la institución ante una eventual apertura de juicio oral o un posible procesamiento contra ella. Es decir, podría conservar su escaño hasta tener condena firme. Una reforma sólo apoyada por Junts, su partido, y rechazada por el resto de formaciones, entre ellas ERC y la CUP, partidos que conforman la mayoría independentista.
En concreto, el informe de 180 páginas que recibió ayer la Mesa generó una fuerte controversia al incluir la modificación del artículo 25 del reglamento para eliminar el apartado 4. Este punto –que quedaría suprimido, según los letrados– establece que «en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata».
Un supuesto que beneficiaría directamente a Laura Borràs al blindar su cargo y podría ser clave dada su situación personal. Y es que el pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó proseguir con la investigación que el Tribunal Supremo abrió a la dirigente por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, justo antes de su salto a la política a finales de 2017. Ahora, Borràs está imputada por malversación, prevaricación y fraude a la espera de que el TSJC decida si la llama a juicio.
La noticia vino después, tras conocerse el contenido: ERC y la CUP se desmarcaron por completo y rechazaron blindar a Borràs, una postura que mantuvieron también el resto de formaciones con el PSC a la cabeza, el PP pidiendo su dimisión y todos dejando a Junts en un único lado del tablero.
La portavoz republicana, Marta
Vilalta, advirtió que el cuestionado artículo 25 fue «consensuado» en 2017 para «garantizar el compromiso de la lucha contra la corrupción» y sigue siendo un «mecanismo necesario» aunque, eso sí, se mostró favorable a reformar el reglamento para «modernizar el funcionamiento de la cámara». Hay que destacar que cualquier modificación del reglamento tiene que pasar un largo periplo en comisiones antes de ser votada en el pleno.
Y la CUP también se opone a retirar el punto 25.4 que permitiría blindar –en caso de ser procesada por corrupción– a la presidenta de la cámara. Eulàlia Reguant denunció que los letrados «han ido mucho más allá de lo que les corresponde» y recalcó que el citado punto, que fue incluido a propuesta de los antisistema, «debe quedar en el reglamento tal y como está redactado en la actualidad» y «no se toca», porque es «una herramienta para luchar contra la corrupción». De hecho, esta cláusula la pactaron la CUP y Junts pel Sí (republicanos y posconvergentes) en 2017 y antes del estallido del «procés». Un gesto de calado teniendo en cuenta que el debate sobre una posible inhabilitación de Borràs está en el centro de la legislatura incluso desde antes de que arrancara.