Guiño de la Generalitat a la CUP: pone las bases para una energética pública
El Govern aprueba un decreto también para dificultar los macroproyectos de renovables en un gesto con los anticapitalistas
La Generalitat se tiene que ir deshaciendo en guiños a la CUP para tratar de mantener al partido anticapitalista como socio preferente durante esta legislatura y, sobre todo, para conseguir aprobar los presupuestos de 2022. En este marco, el Govern aprobó ayer un decreto que incluye dos gestos hacia los cuperos: por un lado, pone las bases bases para crear una empresa pública de energía; y, por otro lado, endurecerá los requisitos para la instalación de parques de generación renovables (eólicos y fotovoltaicos) superior a los cinco megavatios.
En concreto, la CUP es muy crítica porque Cataluña está a la cola en energía verde en España, incumpliendo los objetivos de la ONU para 2020 (se ha quedado a la mitad del consumo en renovables, fijado en el 20%), y está en contra de los macroproyectos porque considera que tiene un impacto ecológico negativo y «expolian el territorio», en referencia a que hacen uso, entre otras cosas, de terrenos destinados a la explotación agrícola sin tener ninguna sensibilidad por las particularidades de cada zona. Para impedir la instalación de macroproyectos, la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, hizo énfasis ayer en la necesidad de crear un «modelo energético catalán propio, que sea participado y con cohesión territorial, distribuido y descentralizado».
En este sentido, el propio decreto, que tendrá que ser convalidado en los próximos 30 días por el Parlament, da prioridad a los pequeños productores (es decir, aquellas instalaciones de menos de cinco megavatios), facilitando todos los trámites, y endurece los requisitos para aquellos parques eólicos y fotovoltaicos de mayores dimensiones. Y para evitar que se instalen compañías ajenas al territorio, la norma exige que el 20% de la propiedad de cualquier proyecto de renovables deberá ser ofrecido a los vecinos o la administración del municipio y los impulsores deberán de notificarlo al Ayuntamiento. Además, el decreto señala que el 30% de los proyectos tendrá que estar en manos de empresas pequeñas.
En cualquier caso, la medida aprobada ha hecho recordar el subdesarrollo de Cataluña en materia renovable (va muy por detrás que otras autonomías tras una década prácticamente de parálisis). «No estamos en la cola, pero no vamos bien», reconoció Jordà, que hizo también autocrítica y aspira a que el decreto cuente con la mayoría del Parlament ya que entiende que tiene un redactado con vocación de consenso. «Este decreto no es el que ninguno se hará extremadamente suyo, pero vamos por el camino del consenso máximo», precisó.
El objetivo del Govern pasa por llegar al 2030 consumiendo un 50% de energías renovables; al 2040 desprendiéndose de las nucleares; y, en 2050 llegando a la neutralidad de emisiones. «Todo depende de nosotros. Queremos rehuir del modelo extractivista, de los grandes centros de producción eléctrica, que no es el modelo», afirmó. «Queremos ser respetuosos con el territorio y acordado y cooperado con el territorio», añadió. La Generalitat también tiene intención de asumir la petición de la CUP y crear una energética pública con precios asequibles para la población.