Un millón al día de multa a Polonia por su injerencia en la Justicia
► El TJUE exige a Varsovia disolver la sala disciplinaria del Supremo que persigue a los jueces críticos
La guerra entre Varsovia y las instituciones comunitarias se recrudece. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) condenó ayer a Polonia a una multa record de un millón de euros diarios hasta que el país no desmantele la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, un organismo que, según Bruselas, socava la independencia de los jueces. En caso de que Polonia se declare en rebeldía y no quiera pagar esta multa, el Ejecutivo comunitario ya ha anunciado que descontará esta cantidad de los fondos europeos del país. No existe escapatoria.
El 14 de julio, el alto tribunal europeo dictaminó mediante medidas cautelares para paralizar el funcionamiento de este tribunal. Aunque en un primer momento, Polonia dio a entender al Ejecutivo comunitario que iba a obedecer lo dictado por la corte europea, en septiembre la Comisión Europea concluyó que Polonia no estaba cumpliendo lo prometido y es cuando pidió al tribunal con sede en Luxemburgo la imposición de una multa diaria.
«El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas el 14 de julio de 2021 es necesario para evitar un daño grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a los valores en los que se basa esa Unión, en particular el Estado de Derecho», según reza el comunicado difundido ayer por el alto tribunal europeo.
Según el análisis de Bruselas, el régimen de los jueces polacos y esta cámara disciplinaria que toma las decisiones cercena la libertad de los magistrados, ya que permiten dictar investigaciones disciplinarias y sanciones en función de sus sentencias y de las cuestiones prejudiciales prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la UE. Además, esta Cámara esta compuesta únicamente por magistrados seleccionados por el Consejo Nacional, nombrado por el Parlamento polaco, lo que redunda en la intromisión del Poder Legislativo en el Judicial.
La respuesta del país ha sido fulminante. El viceministro de Justicia, Sebastian Kaleta, asegura que el alto tribunal europeo se está extralimitando en sus funciones. «El TJUE desprecia e ignora por completo a la Constitución polaca y las sentencias del Tribunal Constitucional. Actúa fuera de sus competencias y abusa de las sanciones económicas y otras medidas provisionales», criticó ayer Kaleta. «Esta es la siguiente fase de una operación para impedir la soberanía de Polonia, de su propio sistema de Estado, es una usurpación y un chantaje», añadió.
La guerra entre Polonia y Bruselas ha vivido en las últimas semanas nuevas batallas. A principio de mes, el Constitucional polaco puso en duda la preeminencia del derecho comunitario sobre el nacional, lo que constituye uno de los principios nucleares de la pertenencia al club comunitario. Lejos de rebajar la tensión, en un discurso en Estrasburgo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, acusó a Bruselas de estar utilizando el «chantaje» económico y de querer convertir Polonia en una provincia» de la UE.
La Eurocámara y algunas naciones como Países Bajos han presionado en las últimas semanas a la Comisión Europea para que active el mecanismo que supedita la llegada de los fondos europeos al cumplimiento del Estado de derecho. La legalidad de este instrumento ha sido recurrida ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y, aunque desde el punto de vista formal nada impide que la Comisión comience a actuar, ésta ha decidido esperar hasta que se conozca este fallo, en línea con las tesis defendidas por países como Alemania y España. Una vez activado el mecanismo, serán necesarios de cinco a ocho meses para que se pueda proceder a la congelación de las remesas europeas y será necesaria una mayoría cualificada de países que refrenden este veredicto. De momento, Bruselas se ha limitado a congelar el fondo de reconstrucción post pandemia.