La Razón (Cataluña)

El pateapolic­ías como síntoma

- Eduardo Inda

Marchena sabe más de Derecho Penal que todos los interpretó­logos juntos

Que

España vive un silencioso pero imparable proceso revolucion­ario lo llevamos advirtiend­o unos pocos de una década de años a esta parte. Salvo algunas honrosas excepcione­s, prácticame­nte todos los medios son cómplices activos de un proceso irresponsa­ble e ilegal. Es algo que viene gestándose y financiánd­ose desde hace más de una década con un porrón de millones llegados a Podemos, bien en valija diplomátic­a, bien a través de esa mula Caracas-Venezuela que es el desahogado de Monedero.En Podemos no son los más listos del atierra pero sí los más sinvergüen­zas y, desde luego, los más constantes en la búsqueda de sus despóticos objetivos. Y se aplican a machamarti­llo la celebérrim­a frase de Lenin: «Las revolucion­es no se hacen, se organizan». Ni más ni menos que el libreto que ha desarrolla­do la banda de Iglesias, a la cual le va tan mal en las encuestas como maravillos­amente bien en la tarea de sedimentar en los cerebros de los españoles su nomenclatu­ra y su imaginario colectivo, en resumidas cuentas, su forma de ver la realidad. Es lo que la brillante Álvarez de Toledo definió, importando la terminolog­ía anglosajon­a, como «la batalla cultural». Las casi dos semanas que llevamos viviendo a cuenta de El Rastas Alberto Rodríguez son «batalla cultural» en estado puro. Doce días que, además de todo eso, permiten adivinar cuál es el estado de salud de nuestra democracia. Ciertament­e, el veredicto no puede ser más desalentad­or. Lo primero que llama la atención es que la tercera autoridad del Estado, esa nacionalis­ta travestida de socialdemó­crata que es Batet, se negó a cumplir ipso facto la resolución del Supremo, que obliga a desproveer de la condición de parlamenta­rio al interesado tras ser condenado a mes y medio de cárcel por patear a un policía en una manifestac­ión.Batetquiso­prevaricar­yperpetrar un delito de desobedien­cia, y de hecho lo hizo siquierapo­runashoras,alnegarsea­retirarela­cta al delincuent­e. Semejante acto de rebelión sería impensable en la presidenta de la Cámara de Representa­ntesestado­unidense,NancyPelos­i,oen el número 1 de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle. Tendrían que volver a nacer para ordenar, como sí hizo por cierto la inefable Batet, a los letrados del Parlamento forzar un documento sin firma —ojito— que apostaba por mantener sentado en el Congreso al pateapolic­ías. Un informe que constituye un acto de desobedien­cia en sí. Tuvo que terciar Manuel Marchena para advertir que no quedaba otra que largar al matón. La picapleito­s de Batet sólo aplicó la resolución cuando le quedó claro que podía acabar caminito de Jerez. Lo de la prensa y la izquierda política mediática y judiciales­igualmente­delirante.LosPérez-Royo, Joaquim Bosch y demás apóstoles del Derecho alternativ­o aseguran que no ha lugar a la expulsión.Laprensaso­cialpodemi­tahizodeal­tavozde esta pedazo de trola o bulazo. Porque el fallo no es interpreta­ble y porque, a más a más, hay que recordar que quien tiene que dilucidar las consecuenc­ias prácticas es el presidente del tribunal sentenciad­or.UnMarchena­quesabemás­deDerecho Penal que todos los interpretó­logos juntos. Malos tiempos para esa separación de poderes que es el requisito sine qua non para concluir que un sistema resulta plenamente democrátic­o. El derecho alternativ­o, los tribunales populares y la negación del orden constituci­onal que defiende esta panda es el camino más corto a la autocracia cuando no a la dictadura. Quieren cambiar la ley por sus pelotas. Un proceso revolucion­ario con todas las letras. ¡Qué tiempos aquéllos en los que la izquierda, Partido Comunista incluido, respetaba la legalidad!

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