«El Pollo» aspira a la estrategia Assange
► Alega el caso del fundador de Wikileaks para intentar paralizar su extradición a Estados Unidos
El laberinto judicial que está recorriendo la extradición del exjefe de Inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, «El Pollo», es como para apuntar las veces que España ha dicho que sí a entregarlo a Estados Unidos y la decisión ha quedado paralizada por uno u otro motivo. La última, que el país se comprometa en un plazo de 45 días a dar garantías de que no lo condenará por una pena inhumana. Mientras, Mientras, su defensa recurre todo lo recurrible en la Audiencia Nacional utilizando otros casos de extradiciones con condiciones que luego no se cumplieron y teniendo como referencia principal el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Carvajal pretende así ganar tiempo en España –denuncia que su entrega es puramente por motivos políticos–, mientras además está aportando documentación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos y los vínculos de Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa, entre otros, con el régimen bolivariano.
«En Estados Unidos no entienden el significado de fronteras, sino acaban allá donde esté el último estadounidense», explica la abogada especializada en extranjería Sandra Hernanz. Ejemplo de ello es la dedicación de años para enjuiciar en su territorio a «El Pollo», a quien reclaman por delitos de narcotráfico; o a Assange, acusado de 18 cargos derivados de la filtración de documentos clasificados. En 2003 la Unión Europea firmó con EE.UU. un acuerdo para coordinarse en esta materia siempre que se respeten los derechos de las entregas, cuando la acusación sea delito en ambos países y se trate de una pena superior al año de cárcel. Si este acuerdo cuenta con la rúbrica de los Estados miembros, no es difícil preguntarse entonces por qué ahora España pide más garantías a Washington. Aquí entran en confrontación artículos de la Convención de los Derechos Humanos de Europa («nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes») y del Convenio de Ginebra («no se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido»). Al exgeneral se le acusa de delitos que supondrían allí cadena perpetua.Por eso, tienen que garantizar que la pena se va a acoplar a los estándares europeos. Caso similar, salvando las distancias, es lo que le ocurre a Assange cuyos cargos conllevan hasta 175 años de prisión. La solicitud de extradición ha sido rechazada en primera instancia, después de que las autoridades estadounidenses ofrecieron garantías de que Assange no ingresaría en una cárcel de máxima seguridad, pero estas garantías perdieron credibilidad para los ingleses al reconocer que se reservaban el poder revocarlas.
Estos ejemplos los ha puesto «El Pollo» en conocimiento de la Audiencia Nacional, según fuentes de su defensa, para exponer que, o EE UU firma un documento totalmente garantista, o a ellos no les vale.
Han añadido otros casos en los que el país se comprometió y no cumplió. Como el de Luis Alberto (pseudónimo en la sentencia) a quien España accedió a extraditar con la cláusula de que luego cumpliera la pena en una cárcel española. En julio de 2010 la Oficina de Traslado Internacional de Condenados (EE UU) comunicó al Ministerio de Justicia que no lo devolvía ante la gravedad de los delitos, por lo que tuvo que intervenir el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con un oficio «poniendo de manifiesto que EE UU no podía denegar el traslado sin cumplir la condición a la que se sometió la extradición».
La mayoría de los expertos consultados, no obstante, indican que por norma general los pactos de entrega siempre se cumplen. «Por supuesto que se cumplen. España no va a extraditar nunca a nadie en el caso de que la pena del país conllevepena de muerte, por ejemplo », aclara el Marcelo Belgrano, coordinador de los servicios jurídicos de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid. Aunque no todos están de acuerdo. «En los últimos 20 años España tiene una política judicial muy dinámica a la hora de entregar gente y muchas veces con pocas garantías», señala el abogado Gonzalo Boye. En este sentido, la Justicia española se ha ganado alguna reprimenda de tribunales superiores.Por ejemplo, el conocido como «embajador del terror», Héctor Olaechea Cahuas, cuya extradición a Lima fue autorizada por en agosto de 2003 y en 2006 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a pagar le una indemnización de 5.000 euros por daños morales.
Ha señalado ante la Audiencia el vínculo de Venezuela con la financiación de Podemos