Los vicios del «no es no»
Opinión Antonio Martín Beaumont
ElEl complicado meandro por el que nada Pedro Sánchez marca las direcciones políticas que toma. La corriente le arrastra buena parte de las veces. Es la consecuencia de haber elegido colocar su estabilidad parlamentaria sobre los hombros de quienes buscan debilitar el Estado. Se ha podido ver esta pasada semana con los dimes y diretes, pintados de grandilocuencia ideológica, por la renovación institucional. La pureza «progresista» hacía incompatible apoyar, a no ser con la «nariz tapada» a un candidato para el Tribunal Constitucional como el juez y catedrático Enrique Arnaldo, por su afinidad con el PP. Algunos diputados de Unidas Podemos y PSOE incluso se han saltado la« sacralizada» disciplina devoto. Los demás grupos de la mayoría Frankenstein ni siquiera han querido participar en la votación. Con todo, es necesario advertir que esos mismos que se han rasgado las vestiduras llorando por la «imparcialidad judicial» no protestaron, por ejemplo, cuando Dolores Delgado pasó en unos días de ser diputada socialista y ministra de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Curiosa la doble moral de la izquierda.
Bienvenidos los pactos, que implican, lógicamente, lógicamente, ceder. Porque esa es la esencia de nuestro sistema democrático: practicar una tolerancia que hace posible, una vez contadas las diversas opiniones públicas en las urnas, los conciertos entre partidos que, aun no gustando en su totalidad a ninguno de ellos, abracen a la mayor parte de españoles. Ninguno gana para que ganemos todos. Es decir, se acepta algo del «otro» para alcanzar consensos amplios. NuestraConstitución así lo establece, además. De ahí que para tantos asuntos sean necesarias en las Cortes mayorías cualificadas, lo que impide que sean resueltos por una sola fuerza política. La alternativa a ese consenso se llama imposición. Y, cuando estamos hablando de temas institucionales, de asuntos verdaderamente de Estado, prac tic arel«fr en tismo» es adentrarse en un ordeno y mando que tienen difícil sostén democrático. España no es uniforme: al revés, su gran riqueza es la pluralidad. Y nadie, tampoco los partidos, aunque a algunos se lo parezca, posee la verdad única. Así que es muy conveniente escuchar al que piensa distinto, porque en muchas ocasiones –por más que sea una frase hecha– la unión hace la fuerza.
Ahora, tanto PSOE como PP tienen puesta su mirada en la renovación de los veinte vocales del CGPJ que deben sustituir a los actuales, que llevan casi tres años con su mandato caducado. La Moncloa desea cerrar un pacto para el Día de la Constitución, el 6 de diciembre. No será sencillo. Podemos se cierra en banda y pide que entre los candidatos estén dos jueces que saben bien que Pablo Casado jamás podrá aceptar: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Pero voces monclovitas comienzan a «filtrar» que estarían dispuestos a retirar esos nombres, aun a costa de alejarse más de sus socios gubernamentales, con tal de que los genoveses desembarquen en el acuerdo. Sería otro serio desencuentro con sus coaligados, que se uniría al violento incendio montado con la reforma de la legislación laboral y de las pensiones.
Quizá ahora, cuando lo que está en juego es la misma credibilidad de España para recibir los fondos salvavidas de Europa, a Sánchez le surjan dudas sobre si fue acertada su decisión de no llamar meses atrás a Casado para convocarle aun pacto de reconstrucción del país. Me consta que su anterior gabinete se lo aconsejó. Le propusieron que en una cita entre ambos líderes quedase clara la necesidad de formar un frente común para la gestión del rescate de la economía. Así ambos llevarían al unísono los acuerdo sal Congreso de los Diputados. Sin embargo, Sánchez, incomprensiblemente, ha preferido mantener con Casado una relación de enfrentamiento. En realidad, sus contados entendimientos han sido por mera cuestión de imagen para venderse como un mandatario dialogante.
Bienvenidos los pactos que implican, lógicamente, ceder