Indulto a Juana Rivas: no entra en prisión y recupera la patria de sus hijos
► El Consejo de Ministros reduce su condena por sustracción de menores
El Consejo de Ministros acordó ayer conceder el indulto parcial a Juana Rivas, condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores después de quedarse con sus hijos en España y no entregarlos a Italia, donde residía la familia con el progenitor, Francesco Arcuri.
Con la medida extraordinaria, el Gobierno deja ahora esa condena en la mitad: un año y tres meses. De esta forma, al tratarse de una pena inferior a los dos años de prisión, no entrará en la cárcel. De hecho, la ejecución de la condena podría quedar suspendida porque, además, el indulto también afecta a la retirada de la patria potestad de sus hijos, según acordó el Supremo. Ahora la granadina recupera esa patria potestad ya que la pena de seis años de inhabilitación especial queda sustituida por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
Lo que no podrá evitar Rivas es la indemnización que se le impuso: 12.000 al padre de los niños más costas procesales.
Carlos Aranguez, último abogado de la mujer durante los últimos tres años, celebraba ayer la medida de gracia tras la larga y polémica batalla judicial que han tenido que librar.
«Es un día muy feliz para nosotros», reconocía. «Este indulto deja las manos libres a Juana para poder seguir luchando por sus hijos». Asegura que en su día asumió la defensa del caso «porque considerábamos muy injusta la pena de cinco años de prisión por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada. El Tribunal Supremo rebajó a dos años y medio de prisión, y ahora el Gobierno reduce a un año y tres meses. Por supuesto, seguiremos luchando por Juana y sus hijos».
19-N, próximo día clave
Según su abogado, «el próximo paso es el juicio por la custodia en Italia el próximo viernes, día 19 de noviembre, pero el indulto parcial supone un enorme refuerzo para nuestras pretensiones». Otros juristas, sin embargo, tildaron ayer de «escándalo» que el Gobierno «perdone y fomente» un delito tan grave como la sustracción de menores.