A punto de ilegalizar un partido por enaltecer el fascismo y la violencia política

La Constitución italiana prohíbe la reconstrucción «bajo cualquier forma» del desaparecido Partido Fascista, y distintas leyes sucesivas castigan la apología del fascismo. En concreto, la Ley Scelba de 1952, que adopta su nombre del entonces ministro del Interior, Mario Scelba, estableció la posibilidad de disolver formaciones que compartan los mismos objetivos del partido fundado por Benito Mussolini en 1919, «con finalidades antidemocráticas propias del partido fascista, exaltando, amenazando o usando la violencia como método de lucha política o propugnando la supresión de las libertades garantizadas por la Constitución». Al amparo de dicha norma, han sido disueltos tres partidos, el último el Frente Nacional en 2000. Por otra parte, el artículo 293 bis del Código Penal prevé penas de hasta cuatro años de prisión para los delitos de «apología del fascismo» y «reconstrucción del partido fascista». Además, «la propaganda referida al régimen fascista y nazifascista» y «la simbología y gestualidad del partido fascista y del partido nacionalsocialista alemán y sus relativas ideologías» son castigadas con hasta dos años de cárcel. La ilegalización de partidos fascistas ha vuelto al primer plano de la actualidad italiana después de que el grupo ultra Forza Nuova asaltara el 9 de octubre la sede del sindicato CGIL en Roma durante una manifestación contra el certificado covid. El Gobierno de Mario Draghi se dispone a ilegalizarlo una vez que reciba el plácet de la magistratura, tal y como le ha instado el Parlamento.