Renovar el CGPJ: «Hay acuerdo para que haya acuerdo»
El último escollo afecta al compromiso de cambiar el sistema de elección de los vocales Las alternativas son una proposición parlamentaria o una mesa de trabajo
Amenos de dos semanas para que, el próximo 4 de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial cumpla tres años en funciones, las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar la institución siguen sin plasmarse en una posible fecha para que el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces se lleve a cabo finalmente. La voluntad de ambas partes es cerrar el pacto y terminar con esta anomalía institucional que la falta de acuerdo entre socialistas y populares ha enquistado, superando los peores augurios, desde finales de 2018. Pero, ¿cuándo?
Fuentes del propio CGPJ mostraban hace unos días su esperanza de que la renovación sea un hecho antes de ese 4-D, una efeméride –la de cumplir tres años con el mandato expirado– que es más bien un baldón en la historia de la institución. Pero a día de hoy, fuentes próximas a la negociación evitan –al menos de puertas afuera– cualquier triunfalismo triunfalismo sobre una inminente culminación de ese pacto que ya en otras ocasiones ha estado a punto de cerrarse. «Hay acuerdo para que haya acuerdo», se limitan a apuntar con una cierta esperanza no exenta de laconismo. Las previsiones más optimistas optimistas apuntaban a la posibilidad de que el desbloqueo de la institución se produjese incluso antes del próximo lunes, cuando Felipe VI volverá a presidir en Barcelona la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. «La cuestión ahora es encontrar el momento para anunciar el acuerdo y escoger el modo de hacerlo», señalan esas mismas fuentes, que hacen hincapié en el último escollo en lo que parece la recta final de la negociación.
El PSOE y el PP quieren resolver con rapidez el problema
AmenosAmenos de dos semanas para que, el próximo 4 de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial cumpla tres años en funciones, las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar la institución siguen sin plasmarse en una posible fecha para que el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces se lleve a cabo finalmente. La voluntad de ambas partes es cerrar el pacto y terminar con esta anomalía institucional que la falta de acuerdo entre socialistas y populares ha enquistado, superando los peores augurios, desde finales de 2018. Pero, ¿cuándo?
Fuentes del propio CGPJ mostraban hace unos días su esperanza de que la renovación sea un hecho antes de ese 4-D, una efemérides –la de cumplir tres años con el mandato expirado– que es más bien un baldón en la historia de la institución. Pero a día de hoy, próximas a la negociación evitan –al menos de puertas afuera– cualquier triunfalismo sobre una inminente culminación de ese pacto que ya en otras ocasiones ocasiones ha estado a punto de cerrarse. «Hay acuerdo para que haya acuerdo», se limitan a apuntar con una cierta esperanza no exenta de laconismo.
Las previsiones más optimistas apuntaban a la posibilidad de que el desbloqueo de la institución se produjese incluso antes del próximo lunes, cuando Felipe VI volverá a presidir en Barcelona la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces.
«La cuestión ahora es encontrar el momento para anunciar el acuerdo y escoger el modo de hacerlo», señalan esas mismas fuentes, que hacen hincapié en el último escollo en lo que parece la recta final de la negociación. Unas diferencias entre los equipos encargados de cerrar el pacto que hacen referencia, añaden, a la forma en que debe plasmarse la exigencia del PP de devolver a la carrera judicial el protagonismo en la elección de los doce vocales que deben ser magistrados con más de 15 años de experiencia (los otros seis se eligen entre juristas de recofuentes
nocido prestigio con idéntica antigüedad en su profesión). «Hay que determinar si se opta por presentar una proposición parlamentaria conjunta de PSOE y PP para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial –explican– o si ese compromiso se reduce a la creación de una comisión de trabajo que analice cómo se puede reformar la LOPJ». Para los populares, sin embargo, a día de hoy la segunda opción no es suficiente y quieren forzar al Gobierno a llevar esa voluntad de reforma legal al Parlamento de la mano de los dos grandes partidos.
«Se llegará a un acuerdo si se encuentra el mecanismo adecuado», subrayan al mismo tiempo que apuntan que el tira y afloja por los nombres de los futuros vocales «no es una cuestión que esté ahora mismo encima de la mesa». Aunque, según las fuentes consultadas, el PP sigue vetando el nombre del magistrado José Ricardo de Prada, muñidor del párrafo clave de la sentencia de Gürtel que precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy y terminó con su carrera política.
«El acuerdo se podría cerrar en enero –aventuran– coincidiendo con las vacaciones parlamentarias». Mientras tanto, admiten, «estamos en un juego de fuegos artificiales»
La exigencia de que los jueces sean lo que elijan directamente a esos doce vocales magistrados es una reclamación de las principales asociaciones judiciales, aunque la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) no lo vincula al acuerdo y considera que es una tarea que debe acometerse a posteriori. «No podemos esperar ni un día más. Ahora lo prioritario es la renovación», asegura a LA RAZÓN la portavoz de la asociación, la magistrada Ascensión Martín.
En su último congreso –celebrado la pasada semana en Córdoba–, en el que fue designada presidenta la magistrada María Jesús Barco, la primera de la historia de la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM exigieron a Congreso y Senado que cumplieran con su «obligación» de renovar el CGPJ. En las conclusiones de ese congreso se plasma cómo debería llevarse a cabo la elección de los jueces de esos doce vocales según la APM, una reforma que juzga «irrenunciable». De entrada, los candidatos deberían ser propuestos –defiende– por las asociaciones judiciales que representen al menos al 5% de la carrera o por agrupaciones de electores (no asociados) con el aval de ese mismo porcentaje de integrantes de la magistratura.
Para la APM debe tratarse, eso sí, de «listas abiertas» y de una «circunscripción nacional». Y respecto al sistema electoral plantea un sistema mayoritario, «que representa más fielmente el resultado electoral» o el proporcional de la Ley d´Hont, «que es el seguido por nuestro derecho electoral» y respetaría, «con adecuados factores de corrección, el pluralismo de la carrera judicial».
En la misma línea de exigir que sean los jueces quienes elijan a sus representantes en el CGPJ, la segunda agrupación más representativa, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria –que reeligió al magistrado Jorge Fernández Vaquero como portavoz– volvió a apremiar al Parlamento a cumplir «de inmediato el deber legal de designar a los vocales del CGPJ conforme a los estándares y recomendaciones europeos».