«Ha sido una batalla, pero volvería a luchar por el castellano»
►Una vecina de Castelldefels que logró el 25% para sus dos hijos recuerda su experiencia tras el histórico fallo del Supremo
LaLa charla termina con una pregunta casi obligada. –¿Lo volverías a hacer? –Sí, sin duda. Quizás lo haría de otra forma, buscando aún más apoyos porque te encuentras que te están persiguiendo por reclamar tus derechos, te quieren callar. Pero sí, volvería a luchar por el castellano.
Vecina de la localidad costera de Castelldefels, madre de dos hijos, Dafne contesta de la forma más contundente posible a la última cuestión, sin dudarlo ni titubear un segundo. Habla del periplo judicial que ella y muchas familias han emprendido a lo largo de la última década en Cataluña para lograr que sus hijos reciban más clases en castellano. Un 25% para ser exactos, un porcentaje que representa solo una asignatura más al margen de la propia de Lengua.
Una lucha caso a caso, aula a aula, que esta semana ha cobrado fuerza tras el varapalo del Tribunal Supremo a la inmersión al no admitir el recurso de la Generalitat y avalar así la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo catalán.
«Una estocada, el principio del fin de la inmersión», como definen desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña, la entidad que ha acompañado y asesorado judicialmente a las familias a lo largo de estos últimos años, en concreto desde 2014.
También a esta madre de Castelldefels, argentina, con la doble nacionalidad que aterrizó en Cataluña hace casi una década y comprobó que el catalán copaba todo el sistema educativo público. «Yo no tenía ni idea, busqué alternativas, me informé y fue así como contacté con la AEB. Ellos me dijeron que la única posibilidad era la vía judicial y así lo solicitamos», recuerda ahora, con una hija que ya ha empezado el instituto y un hijo más pequeño que aún está en Primaria, en la escuela pública Josep Guinovart de Castelldefels (Barcelona).
El camino empezó cuando su hija estaba en P4, hace ya ocho años. «No me imaginé que iba a ser así, pero no me arrepiento de nada», resume tras explicar que contactó con más familias que querían una mayor presencia del castellano en las aulas –«¡qué menos que el 25!»– y formaron un grupo «bastante grande», de unos 30 padres y madres que presentaron alrededor de un centenar de solicitudes. Entonces comenzó el laberinto, el «periplo» judicial, un proceso que se alargó unos «dos o tres años» por caso y del que se descolgaron varias familias, especialmente después de recibir el primer «no» del Departamento de Educación de la Generalitat y tener que transitar por
«Algunos padres se quedaron por el camino y no quisieron seguir por las presiones», señala
La AEB ha logrado que más de 2.000 alumnos reciban otra clase en español en los últimos años
la vía judicial. «Algunos se quedaron por el camino y no quisieron seguir, incluso hubo gente que se marchó de Cataluña», recuerda. «Quedamos pocos, pero lo conseguimos», añade.
Se refiere a las «presiones», a la «batalla importante» que representó en su momento reclamar el 25% de castellano por el rechazo manifiesto de las familias que no querían. «Desde la Ampa, por ejemplo, enviaban felicitaciones de Navidad con la foto de clase en todos los idiomas –«¡en 10!»– menos en español». «O a nuestros hijos les apartaban, les hacían el vacío», recuerda.
Eso sí, hace ya cuatro años y en un momento concreto, coincidió que todas las clases del centro impartieron un 25% de castellano al haber varias resoluciones favorables a la vez y repartidas en los distintos cursos de un colegio de medio millar de alumnos. Ahora, el ambiente es distinto, sin tantas trabas y con menos tensión tras un cambio en la dirección del centro. La lucha, eso sí, sigue siendo prácticamente en solitario: en septiembre, esta madre tuvo que avisar que su hija tenía una resolución judicial a favor del castellano porque la Generalitat no lo había notificado. Desde el colegio no pusieron pegas, aunque aquí señala al Departamento de Educación del Govern: «No les dijeron nada, y tuve que mandarles yo toda la documentación». Desde las entidades que defienden el castellano explican que lo que se acostumbra a hacer en las escuelas cuando llega una resolución individualizada es impartir una materia más en español, que tiende a ser Matemáticas al tratarse de una de las más sencillas y tener menos gramática.
Y es que a lo largo de estos años, la AEB ha logrado que más de 2.000 alumnos –muchos rechazan salir en los medios ante posibles represalias– se beneficien del 25% de castellano a partir de resoluciones individualizadas. De hecho, está previsto que en los próximos meses se produzcan más fallos (7 u 8) en este sentido, aún pendientes de resolver y que llegarán en medio de la polémica por la ejecución del fallo que tumba la inmersión en Cataluña.
Y, empezando por el final, otra pregunta resulta obligada:
–¿Cómo valoras la histórica sentencia del 25% de castellano avalada por el Supremo?
–Estoy encantadísima, muy contenta, es una gran noticia. Pero dudo mucho que la Generalitat lo aplique. «Los padres vamos a tener que seguir pidiéndo».
Lo añade también sin dudar y después de que el Govern de Pere Aragonès se haya instalado en el desacato y haya reclamado directamente a los directores de los centros educativos que desobedezcan y no den más clases en castellano. Una orden por carta remitida apenas 24 horas después de un fallo que tiene afectación en todo el sistema educativo.
El Govern se enroca
Ayer mismo, el president Aragonès se volvió a reafirmar en el desacato y aseguró que a principios del año que viene convocará el Pacto Nacional por la Lengua a fin de buscar el máximo consenso en torno al catalán. «El actual modelo se tiene que perfeccionar pero en el sentido contrario del que dice el Tribunal Supremo» porque «los objetivos que se fijaron cuarenta años atrás no se han conseguido totalmente», remachó.
Un cónclave que puede coincidir con la providencia del TSJC para pedir a la Generalitat la ejecución del 25% de castellano. Y, llegados al punto de que el Ejecutivo insista en el desacato, las entidades y familias volverán a mover ficha: ya han anunciado que reclamarán la ejecución forzosa de la sentencia en una batalla que continúa prácticamente una década después.