El triunfo de los padres
NoNo les va a servir de nada. Al independentismo puede sentarle a cuerno quemado que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hayan blindado la enseñanza de un 25 por ciento en castellano en las aulas, pero el colegio que se niegue a ello puede ser demandado y multado en consecuencia. Y la pela, ya lo sabemos, es la pela.
Hay que agradecerle a la sala tercera del TS, la del Contencioso Administrativo, la contundencia y celeridad con que ha ratificado la decisión de los jueces de Cataluña, porque llevábamos al menos una década con el fraude. Hasta vigilancia en los patios hemos llegado a ver, para obligar a los niños al uso del catalán.
Como ni el Estado ni la administración local hacían nada para cumplir la ley, eran los padres los que tenían que meterse en costosos y largos procesos legales. Progenitores con chicos discapacitados, gravemente lastrados por el uso de dos lenguas; españoles sin conocimiento de catalán o, simplemente, personas hartas del asfixiante clima de persecución cultural, emprendían luengos pleitos que acababan afirmando su derecho individual, pero que no cambiaban gran cosa socialmente. En medio, burlas de los otros padres, hostigamiento de los profesores a los alumnos rebeldes, sufrimiento. Ochenta familias han denunciado el incumplimiento.
Esta semana, después del pronunciamiento del Supremo, ha habido un debate un poco estéril en torno a quién debería hacer cumplir la sentencia del 25 por ciento. Del sistema escolar catalán poco cabe esperar, es el buque insignia del nacionalismo. De la inspección escolar, tampoco, porque ha demostrado de sobra que no funciona. Y la administración de la Generalitat ya sabemos en lo que está. Se ha preguntado a los ministros, y aunque la titular de Justicia ha ratificado que la «sentencia es firme y hay que cumplirla», la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha intentado ponerse de perfil y ha subrayado que la responsabilidad es de los juzgados y los tribunales de Justicia. La razón es que en estos momentos no interesa al Gobierno enfrentarse a ERC.
Cuando no hay voluntad política, no hay nada que hacer. La realidad, sin embargo, es que ha cambiado algo muy profundo y decisivo: la ley máxima está con los padres. Ya no están solos. Como explica Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), los centros van a tener mucho cuidado de desobedecer la ley. «No tenemos capacidad ni recursos para denunciar a dos o cinco mil directores de centros, pero empezaremos con algunos. Porque si cogemos a cinco que no cumplan la ley y les denunciamos, será una señal de aviso importante. Los directores tienen que responder ante la Justicia. Además, son funcionarios públicos y se juegan su inhabilitación y perder el puesto de trabajo. De la misma manera que la perdió el presidente Quim Torra por desobedecer a la Justicia».
A veces, escuchando a los cínicos ministros del Gobierno, una piensa que nada merece la pena. Pero es un error. Los ciudadanos valientes que han luchado desde Cataluña por algo tan sencillo y básico como la libertad lingüística, han movido montañas. Ya nunca más se podrá ningunear a los padres que exigen para sus hijos justicia. Es muy triste que la Generalitat de Cataluña no aplique el bilingüismo sin llegar a los tribunales, pero conviene saber que los jueces, las leyes y los mecanismos institucionales funcionan.
Cuando no hay voluntad política, no hay nada que hacer