Díaz recrudece su presión a la patronal y eleva multas al fraude
► »Solo ponen palos en las ruedas», critican los empresarios. El Gobierno cambia parte del enfoque de los nuevos ERTE
E l Gobierno ha convertido la temporalidad de los contratos en su propia cruzada y a cada reunión de la mesa de diálogo social va endureciendo su postura. La última vuelta de tuerca tuvo lugar ayer ante los agentes sociales en la última reunión para acercar posturas de cara a rubricar la reforma laboral. El último borrador presentado por el Ejecutivo recrudece aún más su presión al abuso en la contratación temporal. Así, plantea multar a las empresas con entre 1.000 y 10.000 euros por cada contrato fraudulento.
El nuevo texto trasladado a la mesa plantea estas sanciones a empresas o autónomos societarios por cada trabajador que contraten temporalmente en fraude de ley y endurece los incumplimientos en contratación, elevando la multa a 1.000 euros en grado mínimo y a 10.000 en máximo por persona frente a los 751 euros y 7.500 euros actuales, propuesta que ha sido rechazada de inmediato inmediato por la patronal. «Es seguir poniendo palos a las ruedas. No se puede estar criminalizando a los empresarios y ponerles una espada sobre la cabeza todo el rato. Así no podemos avanzar porque lo que se propone no es bueno para el país. Contemplan medidas que lo único que hacen es restringir la flexibilidad de las empresas y las posibilidades contratación. Un empresario con miedo no contrata», adviertiron a LA RAZÓN fuentes de la patronal.
El borrador vuelve a ignorar a los empresarios y a contemplar otras importantes demandas sindicales, como la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa. También que las empresas que contraten trabajadores que vengan del nuevo Mecanismo Red de los nuevos ERTE postpandemia postpandemia por reestructuraciones sectoriales tendrán bonificaciones en las cuotas que pagan a la Seguridad Social del 50% durante 6 meses. Estos ERTE deberán aprobados directamente por el Gobierno en Consejo de Ministros a propuesta de alguno d elos tres Ministerios implicado en la reforma laboral –Economía, Trabajo o Seguridad Social–. El objetivo es que logren reducciones de jornada y no suspensiones, entre un 10% y un 70%, con un plan de recolocación si es necesario en los sectoriales.
Ante el rechazo anterior tanto de patronal com de sindicatos, los representantes ministeriales han reformulado el Red, eliminando los elementos que permitían el tránsito al despido o la percepción de indemnizaciones a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Lo que sí se mantiene son las dos modalidades: los «ERTE cíclicos», con una duración máxima de un año, y los «ERTE sectoriales”, aplicables cuando un determinado sector aprecie problemas permanentes o estructurales.