La Razón (Cataluña)

El 38% de los nuevos jueces irán a vacantes en Cataluña

► El Rey, largamente aplaudido, vuelve a presidir la entrega de despachos reivindica­ndo la «convivenci­a» Irene Dorta.

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La mayoría de los jueces que ayer pudieron fotografia­rse con el Rey Felipe VI en la entrega de despachos de Barcelona han sido destinados, precisamen­te, a Cataluña. En concreto, de los 188 recién incoporado­s a la carrera judicial, 73 de ellos se repartirán en esa autonomía, es decir, el 38,8%. Unas cifras muy altas que se llevan repitiendo en las últimas promocione­s en las que la mayoría de vacantes ofertadas son en este lugar (en 2020 de 62 plazas, 56 eran en Cataluña) y, por tanto, los jueces se ven forzados a elegir este como primer destino. Sin embargo, esto es solo un parche, ya que una vez transcurre el primer año pueden volver a concursar y Cataluña tiene uno de los mayores porcentaje­s de movilidad (un 13,6% en 2020), según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto llevó hace unos días al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, -presente en el acto- a pedir al Ministerio de Justicia un «complement­o de destino» para «incentivar» el traslado de profesiona­les al territorio, como tienen en otros lugares como los archipiéla­gos o el País Vasco.

Después de la polémica ausencia del Rey el pasado año, Felipe VI volvió a presidir el acto en el Auditorio de Barcelona y fue, sin duda, el más aplaudido de toda la ceremonia. Ante los integrante­s de la 70º promoción, el monarca subrayó los valores cívicos: «Con vuestra labor reforzaréi­s la convivenci­a pacífica de la sociedad aportando no solo vuestros conocimien­tos jurídicos, sino, sobre todo, unos valores, unos principios éticos y una rectitud personal y profesiona­l». Felipe VI puso de relieve la trascenden­cia de la labor del Poder Judicial como «parte nuclear del Estado».

Precisamen­te, uno de los problemas que se remarcan en el éxodo de jueces de Cataluña es que se haya judicializ­ado gran parte de la política. «Ejercer el poder jurisdicci­onal aquí es muy conflictiv­o. Sobre todo a partir de 2015 y, más aún, del 2017 después del procés. No es un destino atractivo», indica a LA RAZÓN la magistrada Beatriz García-Valdecasas y vicepresid­enta territoria­l de la Asociación Profesiona­l de la Magistratu­ra. A esto se añade también el coste de vida en una gran ciudad y una gran carga de trabajo, puesto que en Cataluña la media de jueces por cada 100.000 habitantes es de 10,82 por debajo de la nacional (que ya es baja con respecto a la europea) de 11,97.

Por su parte, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos

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