Las autonomías devolverán 2.500 millones de fondos Covid sin usar
► Los autónomos califican de «fiasco» y «esperpento» el supuesto rescate del Gobierno
El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobaba el plan de rescate de las pymes y autónomos anunciado a bombo y platillo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El salvavidas, dotado de 11.000 millones de euros, destinaba 7.000 millones en ayudas directas. Los fondos, que debían servir para cubrir los gastos fijos y deudas a proveedores de los negocios, se transfirieron finalmente a las comunidades autónomas, como defendían la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La Agencia Tributaria vigilaba la concesión. Cualquier inyección debía estar justificada y los negocios tenían que demostrar una caída de facturación del 30% durante la pandemia.
Sin embargo, las condiciones leoninas para acceder a los mismos y la nula comunicación de la Administración con las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos han convertido en un «fiasco» el plan, según han denunciado en repetidas ocasiones los autónomos.
La planificación de los 7.000 millones de ayudas previstas hasta final de año «ha sido un auténtico despropósito, desde su concepción por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, hasta las adaptaciones que se han desarrollado desarrollado en el seno de los Gobiernos autonómicos», según denunció ayer la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Esta situación deriva en que las regiones tendrán que devolver al Estado unos 2.500 millones de fondos sin asignar ya que la mayoría de las administraciones «no han sido capaces de consensuar con los representantes del trabajo autónomo las órdenes que determinaban las bases de concurrencia» para optar a estas ayudas.
UPTA ha calculado que Andalucía figura a la cola del reparto de los fondos, menos del 40% de los 1.109 millones de euros. La comunidad andaluza tendrá que devolver más de 600 millones de euros. Los datos son similares en la mayoría de las autonomías, según la asociación, que considera «un ranking de la vergüenza» las cifras de la mayor parte de las regiones.
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendrá que devolver cerca de 300 millones de euros; Castilla y León, alrededor de 180 millones de euros; el País Vasco, unos 150 millones; Galicia, 140 millones; Asturias, 80 millones; Cantabria, 30 millones, y la Región de Murcia más de 100 millones.
UPTA señala que el «ritmo desigual» que se ha producido en la tramitación de los 7.000 millones de euros por parte de las comunidades autónomas ha supuesto que los porcentajes de reparto sean «totalmente dispares». «Con la excepción de la situación producida en las Islas Baleares y en las Canarias, que han alcanzado el reparto del 100% de los 2.000 millones establecidos», remarcó en la organización en comunicado.
UPTA expresó su malestar ante lo que «parecía ser un rescate» del trabajo autónomo. Sin embargo, denuncia que tanto el ministerio como los gobiernos autonómicos «no han estado a la altura». «Es un auténtico fracaso y un ejemplo de cómo no se debe desarrollar la planificación y ejecución de los fondos que desde la UE se pondrán en liza en los próximos meses». Eduardo Abad, presidente de UPTA demandó «no volver a repetir los mismos errores».
Las condiciones leoninas y las trabas burocráticas han dinamitado el plan de ayudas