Actuar por inacción
LaLa pasividad de este PSOE en el gobierno de coalición ante el hostigamiento sufrido por los españoles que en Cataluña reclaman su legítimo derecho a utilizar allí nuestro idioma común, sin inconvenientes, trabas ni represalias, ha alcanzado asombrosas cotas de mezquindad. Si hasta ahora podíamos entender, levemente y con la mejor de las voluntades (lo que no significa justificarlo de ningún modo), su habitual ponerse de perfil para la foto, ese dar pataditas a los guijarros con las manos en los bolsillos mientras se silba evitando el contacto visual directo (entiéndanlo: pesa mucho que den los números cuando mantenerte en el poder depende de un precario equilibrio), roza ya lo abyecto cuando la inacción perjudica directamente a una criatura de cinco años, acoso y discriminación mediante. En nombre siempre, no lo olviden, de una opresión insoportable y una necesidad de salvaguarda de la identidad amenaza. Reconozcamos, disculpen el inciso, que tiene mérito ser capaz de, sin rubor, ser victimario al tiempo que se clama ser la víctima. A lo que iba. La inusitada atención mediática, y, consecuencia de ello, el interés público, ante un caso de resistencia civil que no dista mucho en realidad de los que ya numerosos españoles vienen llevando a cabo desde hace demasiado tiempo en Cataluña, de manera resignada y sin vocación heroica, más bien pura supervivencia y dignidad, ha convertido a este pequeño, sin mediar voluntad alguna por su parte, en símbolo de la resistencia del constitucionalismo en territorio comanche (en particular) y de los derechos civiles (en general). Y está logrando, de paso y por contraste, que sea más que evidente la anomalía de que un crío
y sus padres, ciudadanitos de a pie, están haciendo ahora mismo más por el enquistado problema de un nacionalismo con aspiraciones totalitarias que el propio Gobierno de este país. Que se dice pronto. La última: tras la negativa del Govern a acatar la sentencia del Tribunal Supremo que determina que el 25% al menos de las clases en Cataluña se impartan en español, el Partido Socialista anuncia que no se sumará a la moción de Vox con la que se pretende obligar a la Generalitat a hacerlo. Tiene más peso para la formación del aficionado a los viajes en Falcon quién propone tomar medidas, podría parecer, que la idoneidad y pertinencia de las mismas. Quizá no conviene enfadar a nadie. Eso sí, asegura su portavoz Héctor Gómez que «el Ejecutivo trabaja para que el Govern autonómico ejecute las sentencias de los tribunales». Lo que estaría bien, dejando a un lado la obviedad de que un gobierno autonómico debería ejecutar las sentencias sin necesidad de indicación precisa al respecto, es que especificara cómo pretenden hacerlo exactamente, no solo el anuncio de la reciente, recientísima, voluntad de ello. Y cuándo, también. Pues conviene no olvidar que este niño no es el primero ni es el único. No deberíamos caer en el mismo atajo sentimental en el que tan fácil resulta siempre, aquel en el que ya caímos con el niño Aylan: era un drama su muerte ahogado en una playa de Turquía, cierto. Pero ya lo eran antes muchas muertes por la misma razón y en las mismas circunstancias, en el mismo lugar. Y en Cataluña no acaba de iniciarse, de manera insólita y espontánea, un proceso de hostigamiento a los españoles que reivindican vivir –estudiar, comunicarse, ser atendidos e informados– en su lengua, oficial y legítima, tanto como en aquella que les es impuesta de manera insidiosa, que no son otros que los constitucionalistas que se oponen al xenófobo nacionalismo imperante. Así mismo, el gobierno no acaba, ahora mismito, de desentenderse del tema. No es ahora cuando inaugura una campaña de inmovilidad, de desamparo por dejación. Y quizá por eso seguir llamando «inacción» a su actitud podría resultar inexacto, casi condescendiente. Cuando se alarga tanto en el tiempo, obstinada y concienzudamente, la inacción se convierte en una acción en sí misma.