... y el PP exige más inspectores para blindarlo
► Casado se reúne con las entidades del bilingüismo en Barcelona y anuncia una ofensiva legislativa
El PP ha pasado a la ofensiva a raíz del caso del menor de Canet y su familia, hostigados tras pedir el 25% de castellano en la escuela infantil Turó del Drac, y Pablo Casado se desplazó ayer hasta Barcelona para reunirse con las principales entidades a favor del bilingüismo con un doble objetivo: encabezar la lucha contra el acoso al castellano y velar para que se cumplan las sentencias judiciales. En este sentido, Casado denunció lo que califica de «apartheid lingüístico» en Cataluña y desgranó una batería de medidas legales y políticas para acabar con el «adoctrinamiento» y la «segregación» por cuestión de lengua.
Entre ellas y como novedad, el líder popular anunció una proposición de ley para regular la alta inspección educativa a nivel nacional –actualmente vigente a través de un decreto y con atribuciones limitadas en aquellas comunidades con las competencias transferidas en educación, como es el caso de Cataluña– con el fin de acabar con el «adoctrinamiento» y la «segregación» por cuestión de lengua. También se encuentra una Ley de Lenguas en la que el catalán no sea requisito en el acceso a la función pública, que el PP ya incluyó en su programa programa y perfila para 2023. «Hemos registrado una proposición de ley para la creación del cuerpo de alta inspección educativa, que garantice el fin del adoctrinamiento y la libertad lingüística. Con esta ley se evitaría la ineficacia de la alta inspección educativa, garantizando la autonomía de las competencias de los gobiernos autonómicos», explicó.
Es decir, dar rango de ley a la creación de un cuerpo de Alta Inspección Educativa y dotarle de autoridad suficiente para que «no haya ni adoctrinamiento, ni segregación lingüística, ni desobediencia de sentencias».
Además, Casado reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez iniciar ya los trámites para aplicar el artículo 155 en el ámbito educativo –una medida que lleva reclamando desde la semana pasada, a raíz de caso de Canet– para evitar así que la Generalitat consume el desacato y no aplique el porcentaje de castellano que ordena la sentencia del TSJC en todos los centros catalanes. No es quitar competencias sino exigir que se cumplan las sentencias», añadió tras recordar el caso de Felipe González en 1989, cuando envió un requerimiento a Canarias para que cumpliera con varias obligaciones fiscales.
De hecho, Casado se mostró muy duro y crítico con la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez y su dependencia del nacionalismo –«Prefiere seguir en La Moncloa con los votos separatistas que juró solemnemente no aceptar, dejando desamparado a un niño, una familia y una sociedad»– y le pidió intervenir de forma urgente para evitar situaciones como la de Canet.
El independentismo está «utilizando la lengua como un instrumento de ingeniería social». «Están utilizando la lengua para etiquetar y separar a los ciudadanos en ciudadanos de primera y de segunda», denunció Casado para lanzar también una advertencia al Govern de Aragonès: «Avisamos al conseller de Educación y el presidente de la Generalitat que si persisten en esta actuación y el Gobierno de España no hace nada, nosotros mismos acudiremos a los tribunales para recabar la tutela judicial efectiva por la comisión de estos delitos». Se refiere la desobediencia de no acatar las sentencias judiciales y al delito de prevaricación «si sigue persistiendo en esta actitud».
En esta nueva ofensiva, el PP busca llevar el caso a Europa con una pregunta ante la Comisión Europea para que se garanticen los derechos de la familia de Canet y ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Todo después de que el líder del Partido Popular se reuniera en la capital catalana con la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Sociedad Civil Catalana, S’ha Acabat, Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivencia, Convivència Cívica Catalana, AMESy Ampas Paralel. A la cita asistió además el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández.
Pide a Sánchez iniciar un 155 educativo tras el caso de Canet y ante el desacato del Govern