La Fiscalía se prepara para cerrar la investigación
► Tras recibir la documentación de Suiza, correspondiente a 2014 y 2015, los fiscales completarán el decreto de archivo
La Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha recibido los datos que le faltaban para cerrar la investigación contra el Rey Juan Carlos I. Unos detalles fiscales de la comisión rogatoria que habían pedido a Suiza y que corresponden a los años 2014 y 2015, cuando el monarca ya no era jefe del Estado, según confirmaron fuentes fiscales. El equipo del Ministerio Público que trabaja en este asunto pedirá una prórroga de dos de las líneas de investigación, como reveló LA RAZÓN, para terminar el decreto de archivo que se espera para enero.
Los documentos se recibieron el miércoles y ya están en manos de la Agencia Tributaria, el mismo día que fallecía el teniente fiscal de Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos. La triste noticia, que ha conmocionado a la Fiscalía, ha dejado un vacío en el liderazgo de las pesquisas, que estaban a su cargo por su extensa experiencia en delitos económicos, si bien los trabajos estaban ya prácticamente completos. Campos ha trabajado «codo con codo» con el fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que también ha llevado la batuta y se espera que sea él quien coordine la investigación hasta el más que previsible cierre de las diligencias.
Con esta documentación enviada por el fiscal Yves Bertossa desde Ginebra se pretenden hacer las últimas comprobaciones sobre las regularizaciones que el Rey ejecutó en marzo. Son algo más de cuatro millones de euros que vienen de los vuelos privados que su primo Álvaro de Orleans, a través de la Fundación Zagatka, pagó a Don Juan Carlos. Una documentación «voluminosa» que se debe analizar con calma.
En este sentido, las fechas en el calendario están por concretar. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmó este mes un decreto para prorrogar una de las líneas indagatorias, la relativa a un trust en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Caducaba hoy y los fiscales pidieron la ampliación porque la documentación de Suiza no llegaba. Las otras dos –comisiones por el AVE a La Meca y sobre el uso de tarjetas opacas–finalizan a finales de mes y sobre la mesa está una nueva petición de ampliación que, aunque no es necesaria, se realizará para dar todas las garantías al proceso.
En cualquier caso, las fuentes fiscales consultadas aseguran que no llegarán hasta junio de 2022, el nuevo «deadline» para investigar. El Ministerio Público quiere archivar cuanto antes las diligencias porque no ha encontrado suficientes pruebas para judicializar la investigación al padre de Felipe VI.
Los motivos son diferentes y se expondrán en el decreto de archivo, en el que se incluirán también detalles de las declaraciones que estos años se han tomado tanto a la examiga del Rey Corinna Larsen como a su primo Álvaro de Orleans. Para empezar, muchos de los presuntos hechos sucedieron cuando el Rey era inviolable según la Constitución (es decir, que se produjeron antes de su abdicación en junio de 2014). Otros estarían ya prescritos y sobre algunos no se han encontrado los indicios suficientes.Algo en lo que coincide Bertossa, que esta misa semana procedió al archivo también en Suiza de las diligencias que mantenía allí abiertas.
Los documentos remitidos por las autoridades suizas deberán ser analizados en todo caso por los técnicos de la la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), encargados de corroborar que las regularizaciones fiscales de Don Juan Carlos se corresponden con exactitud con las cantidades que habría ocultado hasta entonces a la Agencia Tributaria.
En diciembre del pasado año, el padredeFelipeVIregularizó678.393 euros correspondientes a los gastos efectuados a cargo de tarjetas opacastitularidaddelempresariomexicano Allen Sanginés-Krause, hasta ese momento desconocidos, para intentar sortear una posible imputación por delito fiscal.
Posteriormente, el pasado febrero, abonó otros 4.395.901 euros a la Agencia Tributaria para ponerse al día respecto de los viajes de los que disfrutó, algunos junto a Corinna Larsen, y que fueron pagados por la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Liechenstein por su primo Álvaro de Orleans. En total, ocho millones de euros –en distintos viajes y vuelos en una compañía de jets privados–, de los que 2,8 millones fueron devueltos, después de que su primo lejano reclamase esa cantidad a Juan Carlos I al enterarse de que Corinna se habría beneficiado de esos viajes a costa de la fundación.