China releva al responsable de la represión en Xinjiang
► EE UU sancionó a Chen Quanguo por las violaciones de derechos humanos contra la minoría musulmana uigur
China ha sustituido al funcionario del Partido Comunista asociado a las medidas de seguridad contra los uigures y otros musulmanes en la región occidental de Xinjiang. Chen Quanguo es uno de los 25 miembros del politburó chino y fue incluido en una lista de sanciones por parte de Estados Unidos el año pasado por la represión en la región separatista.
El cambio se produjo en medio de una remodelación general antes del 20º congreso del partido del próximo año, previsto para otoño. La decisión de su sustitución –que se ha convertido en el rostro de la política de Pekín en la zona y de las críticas relacionadas con el encarcelamiento masivo– podría ser además un intento de renovar la imagen del país asiático de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín del próximo mes de febrero.
El ex militar era desde agosto de 2016 el funcionario comunista de mayor rango en este territorio, tres veces más grande que Francia. Antes de su cargo en Xinjiang, fue secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) en otra convulsa región del gigante asiático, Tíbet, entre 2011 y 2016. Allí destacó por restablecer el orden tras las protestas y por una serie de ataques incendiarios contra los monjes budistas.
En 2017, se convirtió en miembro del Buró Político del PCCh, el órgano de gobierno compuesto por 25 miembros: un ascenso ampliamente considerado como una recompensa por la estabilidad recuperada en la región.
Tras su destitución, los medios de comunicación estatales confirmaron el nombramiento como su sucesor de Ma Xingrui, ingeniero aeroespacial y actualmente gobernador de la provincia de Guangdong.
Este anuncio se produjo unos días después de que Washington impusiera nuevas sanciones a empresas chinas, acusadas de violar los derechos fundamentales.. Algunos congresistas y parlamentos internacionales, así como los secretarios de Estado estadounidenses de las administraciones del demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, han calificado el trato a la minoría uigur de genocidio.
La firma por parte del presidente de Estados Unidos de la llamada «Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures» ha sido calificada por el país asiático como una violación de su soberanía, una «peligrosa maquinación» y una propaganda inverosímil que solo sirve para «empañar la imagen de China en la escena mundial».
El proyecto de ley de Biden parte de la base de que todas las importaciones procedentes del territorio se realizan mediante trabajos forzados, teniendo en cuenta las pruebas de las detenciones masivas y los campos de trabajo en el área. La presión sobre las marcas internacionales para que dejen de abastecerse de algodón procedente de la provincia no cesa y es cada vez mayor.
China declaró el viernes que deplora y se opone a que Washington apruebe una legislación que prohíbe las importaciones procedentes de la región autónoma debido a la preocupación por los llamados trabajos forzados, y pidió a Washington que deje de utilizar cuestiones relacionadas para contener el desarrollo de la nación, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Esa restricción «denigra maliciosamente la situación de los derechos humanos en el Xinjiang chino, ignorando los hechos y la verdad», defendió el viernes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, durante una rueda de prensa.
Estados Unidos sancionó a Chen el año pasado por su papel en los abusos contra los derechos humanos de los uigures. El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, lo calificó de «mancha del siglo». En aquel momento Pompeo advirtió de la importancia de abatir a Chen: «Tras su llegada a la provincia comenzó a implementar un amplio programa de vigilancia, detención y adoctrinamiento, dirigido a esta etnia y a los miembros de otras minorías», señaló y acusó al Partido Comunista de ser cómplice por «haber participado directamente en la aplicación de estas medidas».
El territorio está ahora sometido a una vigilancia draconiana. Estudios occidentales, basados en interpretaciones de documentos oficiales chinos, testimonios de presuntas víctimas y extrapolaciones estadísticas, acusan a las autoridades chinas de represión.
Entre ellos, Naciones Unidas y grupos de derechos humanos calculan que más de un millón de uigures y otras minorías están confinados en campos de trabajos forzados. Sin embargo, China ha negado estas acusaciones, afirmando que los campos están diseñados para enseñar habilidades laborales y erradicar el radicalismo en la conflictiva región.
Las ONG también han denunciado que en Xinjiang los musulmanes no pueden practicar su fe con libertad. Las restricciones a la hora de informar sobre esta región son múltiples y los periodistas extranjeros que viajan de manera independiente a Xinjiang son sometidos a vigilancia e intimidación continua, recoge en su último informe el Club de Corresponsales Extranjeros de China.
El movimiento buscaría lavar la imagen del país asiático ante los Juegos de Pekín