Los socios boicotean a Sánchez
► Broche a 2021 La negativa de ERC, PNV y Bildu a avalar la reforma laboral enturbia la satisfacción de Moncloa por los Presupuestos y cuestiona su mensaje de «fortaleza y estabilidad»
El Gobierno anticipa que su precaria mayoría se irá resquebrajando con los ciclos electorales
DosDos eran los propósitos que el Gobierno debía cumplir antes de acabar el año. Dos compromisos contraídos con Bruselas y que garantizan que se mantenga el flujo de fondos europeos para apuntalar la recuperación. Por una carambola parlamentaria, ambos hitos económicos se materializaron ayer, casi en paralelo. La reforma laboral se aprobaba en la mesa del Consejo de Ministros y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se convalidaban de manera definitiva en el Congreso de los Diputados. Un «gran día» para Pedro Sánchez, que servía para poner el broche a 2021, según fuentes de Moncloa. Sin embargo, la satisfacción que cabría esperar se ha visto aplacada por la resistencia de los socios de la coalición a garantizar el aval parlamentario al nuevo marco laboral. Unas resistencias que enturbian el buen ánimo del Ejecutivo y que le recuerdan que tiene un precio que pagar por su estancia en el poder. «Pueden ser sus últimos Presupuestos en la Moncloa», advirtió sin ambages el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desde la tribuna.
No está desencaminado Rufián, porque en el Ejecutivo asumen que estas pueden ser las últimas cuentas de la legislatura. Unas cuentas trascendentes, más allá de canalizar la inyección de fondos europeos, porque garantizan a Pedro Sánchez el pasaporte para agotar el mandato y aportan un contexto de «normalidad democrática» que Moncloa quiere cultivar como contrapunto a la coyuntura incierta que ha generado la pandemia. No en vano, desde el Gobierno ponían ayer el acento en la imagen de «estabilidad y fortaleza» que proyecta. Una imagen que los socios ponen en cuestión, recordando a Sánchez su dependencia.
Con la bancada azul casi al completo, el Ejecutivo buscó dar solemnidad a un pleno de trámite, de corta duración y paupérrima asistencia de sus señorías por el azote de la Covid entre los diputados, en el que únicamente se sometió a debate la enmienda que sorpresivamente quedó viva en el Senado la semana pasada y que forzó la «inocentada» de tener que dilatar la tramitación presupuestaria hasta el 28 de diciembre. La enmienda que buscaba promover las lenguas cooficiales la presentó Compromís y logró apoyos suficientes. Por inesperado, el del PP, que se encuentra inmerso en una campaña de promoción del castellano en Cataluña tras la polémica
del colegio de Canet, y de ERC que, si bien no es extraño que apoye este tipo de medidas, había pactado con el Gobierno garantizar la aprobación de las cuentas en el Senado el 21 de diciembre, tras cerrar los últimos flecos de la Ley Audiovisual. Este traspié en la Cámara alta obligó a retrasar el aval a los Presupuestos.
No hubo ayer más contratiempos, ya que tanto PSOE como Unidas Podemos habían garantizado con carácter previo que apoyarían el texto presentado por Compromís para defender las lenguas minoritarias. Sánchez consigue, por tanto, aprobar sus segundos Presupuestos de esta legislatura con la misma mayoría que le llevó a la Moncloa y que le ha sostenido durante estos dos años en el poder. La enmienda salió adelante con un amplio respaldo, en el que estaba incluido el PP: 282 votos a favor, 62 en contra y una abstención. El presidente del Gobierno intervino brevemente en el pleno para poner de relieve la «necesidad de los máximos consensos posibles». Sánchez deseó feliz año a sus señorías, con el propósito de que los acuerdos laboral y presupuestario «sean el prólogo de los que vendrán en 2022».
No lo tiene fácil, a tenor de la actitud desplegada por sus socios con la reforma laboral. Desde Moncloa se muestran convencidos de que podrán convencerles para que acaben apoyando la norma y ya han comenzado una ronda de contactos para dialogar «con discreción» y «concitar todos los apoyos necesarios». Incluso, haciendo partícipes a los sindicatos de esta labor de acercamiento a los grupos para preservar el acuerdo. La vocación del Ejecutivo es que la reforma se quede como está. «Cada precepto está con sus comas, verbos y subordinadas pactado, medido y repensado. Entenderán que es un acuerdo de país y deberíamos respetarlo», aseguró ayer Yolanda Díaz. En privado, fuentes gubernamentales reseñaban la «constancia» con la que se ha trabajado para conseguirlo y pedían ser «conscientes de la trascendencia de lo conseguido», donde actores tan dispares como sindicatos y empresarios han cedido y, estos últimos especialmente, «no lo han tenido nada fácil».
Sin embargo, desde la mayoría de la investidura son inmunes a estos llamamientos y piden que la reforma laboral sea «una derogación real de los aspectos más lesivos» del texto aprobado por el PP en 2012. En ERC están «en un no bastante claro» y critican que el Gobierno haya dedicado más tiempo a negociar con la patronal que con los socios parlamentarios. «De momento pinta regular, veremos», amenazó Rufián, que acusó al Gobierno de «vender humo». Una apreciación que molestó a Díaz. Tanto ERC como Bildu e incluso el PP piden que la reforma se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Por su parte, el PNV mantiene su exigencia de que los convenios autonómicos primen sobre los nacionales para dar su apoyo.
Estas discrepancias ya anticipan el escenario que se dibuja en el horizonte del Ejecutivo, que prevé que la precaria mayoría de la que goza actualmente se irá resquebrajando una vez que se abra el ciclo electoral en 2022 y, sobre todo, de cara a la contienda municipal y autonómica de 2023 en la que los ahora aliados del Gobierno se convertirán en competidores directos en algunos territorios. En todo caso, el diseño de los actuales presupuestos permitirán seguir canalizando las futuras entradas de fondos de Bruselas.